Tras la aprobación del Decreto Supremo 5697, que dispone la intervención de YPFB, las posturas en el Legislativo se dividieron. Para algunos legisladores la medida llegó tarde, mientras otros la calificaron como «un show político más» y «una cortina de humo para tapar la incapacidad». En contraste, un tercer grupo defendió la intervención como necesaria para enfrentar las denuncias de corrupción en la estatal y la crisis de combustibles que sigue golpeando a la población, y planteó que sea el inicio de un nuevo modelo de empresa estratégica con participación privada.
El diputado de la alianza Libre, José Luis Porcel, afirmó que la intervención de YPFB debió ejecutarse antes, debido a las denuncias de corrupción vinculadas a la institución y a los problemas relacionados con el tráfico de combustible. Porcel pidió que se identifique y sancione a los responsables y sostuvo que la Contraloría y el Ministerio Público también deberían actuar de oficio, además de atender las denuncias ya presentadas.
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Asimismo, la diputada del PDC, Patricia Patiño, señaló que la intervención llegó tarde y que «las cosas se debieron hacer en el momento si se quiere transparentar». Afirmó que, con intervención o sin intervención de YPFB, la falta de diésel continúa y la población es la más afectada. La legisladora indicó que la medida debió realizarse durante el primer mes de gestión, ya que desde el inicio de la actual administración no se habría realizado una investigación a la estatal petrolera.
Por su lado el diputado Rolando Pacheco, de Alianza Popular, calificó la intervención del Gobierno a YPFB mediante decreto como «un show político más» y «una cortina de humo para tapar la incapacidad» que, según dijo, ha tenido el Ejecutivo desde el inicio de gestión para abastecer diésel y gasolina. «Y si hay gasolina, no da gasolina basura», afirmó. Por su parte, la diputada Sandra Rivero, del PDC, criticó que el Ejecutivo pretenda resolver en seis meses el problema de la falta de carburantes y cuestionó que se anuncie el cierre de la ANH sin presentar un plan claro, en medio de la crisis de desabastecimiento que enfrenta el país.
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Mientras que el diputado Alejandro Reyes, de Unidad, consideró que la medida es necesaria para enfrentar el desabastecimiento y los problemas que atraviesa la estatal petrolera, y que es el origen de la solución a la actual crisis de combustibles. Para el legislador, el desabastecimiento, la megacorrupción y la venta de gasolina de mala calidad tienen su causa en la mala gestión de Yacimientos y de la ANH. Por ello planteó que la intervención conduzca a YPFB a un nuevo modelo de empresa estratégica con participación privada y en el marco de una reforma constitucional, además de permitir el ingreso de compañías internacionales para acelerar la exploración. En la misma línea, el diputado Santiago Ticona, de Libre, señaló que «desde principios debió tomar decisiones estructurales» y que «deberíamos partir de la modificación de la constitucional», pero lamentó que hubo «mucho cálculo» y un gobierno «muy tibio». «Esperemos que con los problemas se pueda reflexionar y mejorar por el país», concluyó.