La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, denunció este martes un presunto sobreprecio de alrededor de $us 12 millones en la importación de combustibles gestionado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y pidió investigar y sancionar a los responsables.
En conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que existen indicios respecto a irregularidades en los contratos firmados por la actual administración de la petrolera estatal, entre ellos fechas de suscripción, precios, selección de proveedores y condiciones.
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Estas observaciones fueron planteadas en diversas solicitudes de informes a dirigidas a distintas instancias del área de hidrocarburos del órgano Ejecutivo, como Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a fin de que obtener detalles sobre los procesos administrativos y contractuales vinculados a la importación de combustibles.
“Hemos mandado varios PIE’s (petición de informe escrito), donde se hacen muchos cuestionamientos desde el porqué de los contratos, fechas, porqué de los proveedores, desde cuándo, etc, y se las hace a diferentes instituciones (…) Lamentablemente tenemos que indicar que hasta la fecha no tuvimos respuesta”, expresó.
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Patiño lamentó la falta de respuesta de las autoridades y adviritó que las presuntas irregularidades afectan la institucionalidad de YPFB y contradicen el discurso de renovación y meritocracia del presidente Rodrigo Paz.
En ese sentido, solicitó la destitución de las principales autoridades del área estatal de hidrocarburos y procesar a los responsables por estas irregularidades, así como los funcionarios que no informaron oportunamente o no actuaron frente a estos actos de corrupción.
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“Hay mucho por descubrir y sobretodo hay muchas situaciones que mella la investidura y la mirada de este nuevo Gobierno”, dijo la legisladora.
Patinó vinculó su denuncia con los recientes problemas registrados por la provisión de combustible en mal estado y sostuvo que los responsables administrativos deben asumir los costos de los perjuicios generados, para evitar daños a las finanzas del Estado.