El presidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de La Paz, Wilson Candia, denunció que los fletes terrestres del transporte pesado se incrementaron en 45%, lo que afecta el costo de la logística del comercio exterior tanto en importaciones como en exportaciones, debido a la eliminación de la subvención al diésel y al dólar flexible.
Según la entidad, los fletes pasaron de 28 mil a 35 mil bolivianos y el sector pide que el Gobierno regule las tarifas. «Nosotros hemos identificado que esta variación se ha dado a consecuencia de, inicialmente, la escasez de diésel, que empezó en mayo, junio y meses posteriores. Ahora también hay variación de precios en transporte terrestre y se está uniformando este costo para importaciones y exportaciones», explicó Candia.
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El dirigente señaló que el transporte pesado unificó criterios de fletes no solo para el tránsito hasta La Paz, sino con tarifas diferenciadas hacia Cochabamba, Santa Cruz y otros departamentos. «Los fletes están oscilando entre 28.000 a 35.000 bolivianos. Se han incrementado prácticamente entre un 35 a 45% por el alza del combustible«, afirmó, al indicar que el ajuste debe ser consensuado con la Cámara de Transporte Departamental y la Confederación Nacional de Transportistas.
Candia indicó que, en materia de costos logísticos, sí hay un incremento, aunque para la nacionalización existe un decreto que establece que solo se debe considerar el 10% del flete realmente pagado para las importaciones. Agregó que el comercio exterior sigue en tránsito sin reducción, mientras el mercado se acomoda a los nuevos precios, en vísperas de dos fechas de alto movimiento económico como Todos Santos y las fiestas de fin de año, que impulsan la importación, entre otros rubros, de juguetes.
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El presidente de los despachantes sostuvo que el departamento de La Paz requiere una reactivación económica y que las importaciones no se detendrán, pero las empresas buscarán reducir costos optando por nacionalizaciones en frontera y no en administraciones interiores. Señaló que el Gobierno apuesta a que «la mano invisible funcione» y el mercado se regule entre ofertantes y demandantes, aunque el sector considera necesario un acuerdo para evitar mayores afectaciones a la cadena logística.