La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó una eventual ampliación del Estado de excepción, vigente desde el 22 de junio, y solicitó al Gobierno realizar una “mea culpa” frente a la crisis económica y social que atraviesa al país.
“El Gobierno no puede gobernar a punta de estados de excepción, eso no es democrático; más bien tiene que enfocarse en solucionar la problemática estructural del país. Tenemos filas por combustibles, elevación de la canasta familiar y pronunciamientos de todos los sectores del país”, declaró el secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo.
El líder sindical reapareció este miércoles tras la culminación del periodo de bloqueo de carreteras registrado entre mayo y junio.
LEE TAMBIÉN: Argollo reaparece, pide al Gobierno resolver la crisis y alerta aumento del descontento social
Recordó que una ampliación de la medida excepcional requiere del aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y consideró que un posible respaldo de los parlamentarios “sería un error”. En ese marco, exhortó al órgano Ejecutivo y Legislativo concentrarse en resolver las dificultades económicas, energéticas, políticas y sociales del país.
Argollo también expresó su preocupación por los impactos del Decreto Supremo 5676 – que establece un ajuste en el precio del diésel para grandes consumidores– en el costo de la canasta familiar y cuestionó las persistentes filas para acceder a combustible.
En su pronunciamiento, remarcó que la COB ya había advertido sobre estas medidas y señaló que las recientes protestas sociales demandaban la atención de las necesidades de los trabajadores y sectores vulnerables frente a la crisis económica y social.
LEE TAMBIÉN: Sedes La Paz iniciará en septiembre campaña de desparasitación contra la fasciola hepática
“Decimos en este momento que teníamos la razón de estar en las calles, de estar protestando, pero lastimosamente creemos que no hemos recibido el apoyo de la población en ese momento, pero ahora estas medidas se están dando y los que están sufriendo de manera directa es la población y la clase más desfavorecida del país”, dijo.
Afirmó que el denominado “decreto del diésel” representa un “duro golpe económico”, ya que elevará los costos de operación y producción y sus impactos trascenderán hasta las familias bolivianas. “Estamos sufriendo eso en las alcaldías, en las obras, en el sector productivo del país, en el sector minero asalariado”, dijo.
Ante ello, exhortó a la administración del presidente Rodrigo Paz a revisar sus decisiones y encontrar respuestas a los problemas económicos, políticos y sociales. “Es momento de que el Gobierno haga una mea culpa, un análisis interno de qué solución le van a dar al país, no podemos tener al país en incertidumbre, en crisis política y económica que lastimosamente estamos teniendo”, dijo.
LEE TAMBIÉN: Vocero dice que abrogar el decreto del diésel «no va a arreglar» el problema de suministro
El decreto, aprobado por el Gobierno la anterior semana, fija inicialmente en Bs 18 el litro de diésel para tres sectores catalogados como grandes consumidores, mientras que para el resto de compradores mantiene el precio subvencionado de Bs 9,80.
Diferentes sectores expresaron su rechazo a la medida y anunciaron reuniones y asambleas para definir acciones en demanda de su abrogación. En el departamento del Beni, productores de la provincia Marbán instalaron un punto de bloqueo de carácter indefinido hasta obtener una respuesta del Gobierno.