La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) convocó este jueves a un congreso ordinario para el 27 de agosto en el municipio de Warnes, en Santa Cruz, para definir acciones en demanda de la abrogación del Decreto Supremo (DS) 5676, que establece un precio diferenciado para los grandes consumidores de diésel.
En conferencia de prensa, el presidente de la institución, Klaus Frerking, informó que el encuentro se realizará en la Asociación de Ganaderos y Lecheros de Warnes y contará con la participación de las cámaras agropecuarias de todo el país.
La cita tendrá “un punto único: la abrogación del Decreto Supremo 5676 por ser un decreto improvisado y que discrimina no solo al aparato (productivo) cruceño, sino al nacional. En caso de no existir soluciones, el congreso determinará futuras acciones en defensa de la producción agropecuaria y el abastecimiento de alimentos para todos los bolivianos”, afirmó.
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El reclamo de la CAO se concreta en las disposiciones de la normativa sobre el nuevo régimen de la comercialización del carburante. De acuerdo al decreto, solo tres sectores de la población – considerados como los “grandes consumidores” de diésel pagarán Bs 18 el litro, mientras que transportistas y particulares seguirá con el precio subvencionado de Bs 9,80.
Los productores consideran que la medida elevará los costos de producción y afectará la actividad agropecuaria, en un contexto marcado por el desabastecimiento de combustible y las extensas filas en los surtidores.
En caso de no llegar a una solución con el órgano Ejecutivo hasta la fecha indicada, Frerking advirtió que el congreso definirá futuras acciones en defensa de sus actividades.
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Remarcó que la provisión de diésel es clave para las labores agrícolas, así como el transporte de productos, la operación de maquinaria y el traslado de alimentos hacia los centros de abasto, por lo que un aumento en los costos podría generar variaciones en toda la cadena abastecimiento.
El presidente de la CAO anunció que extenderán invitaciones a las organizaciones agropecuarias de los diferentes departamentos, con el objetivo de consolidar una posición nacional frente al precio diferenciado del carburante.
Como una alternativa a la normativa, planteó la liberación de las exportaciones, comercio y eliminar el Impuesto al Valor Agregado o Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el tributo a las transacciones (IT) al diésel.
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“Este decreto no es la solución. La solución son reglas claras, que la importación de combustible la hagan los privados, que eliminen el IVA, que eliminen el IT y que eliminen todas las trabas. Eso es lo que necesita el sector productivo”, sostuvo Frerking.
Asimismo, sostuvo que una mayor participación del sector privado en la importación de carburante podría reducir la carga tributaria que incide sobre el precio final.