En octubre de 2025, se cumplen 22 años de la denominada “Guerra del Gas” también conocida como la “Masacre de Octubre Negro” en Bolivia, que tuvo lugar en 2003. La revuelta social cambió el curso del país y generó más de 60 fallecidos y al menos 400 heridos, sin embargo, a más de dos décadas de los trágicos hechos, las víctima y familiares aún reclaman justicia y reparación del daño civil.
El exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Mauricio Cori, recordó en entrevista con Radio Splendid que el área urbana y varias provincias del departamento de La Paz estaba paralizadas en rechazo al plan de exportación de gas por Chile hacia Estados Unidos, impulsado por el Gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
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Las movilizaciones iniciaron en septiembre con las movilizaciones de campesinos de la zona del Lago Titicaca y Warista y se extendieron hasta octubre, cuando llegó a la urbe alteña con el despliegue de efectivos militares para pacificar la región que derivó en la llamada “Masacre de Octubre”, con decenas de fallecidos por impacto de bala.
Cori, precisamente, considera un error referirse a esos hechos luctuosos como “guerra del gas”, cuando la ventaja del uso de armas de fuego solo benefició a solo un bando. Resaltó que las bases laborales y juntas vecinales que encabezaron las protestas contra el Gobierno se manifestaron, pese a la fuerza letal represiva que tenían en frente.
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“Eso no fue guerra, fue una masacre, nosotros no teníamos armas, Gonzalo Sánchez de Lozada y el ‘zorro’ (el exministro Carlos Sánchez) Berzaín, nos han mandado a matar”, aseveró.
El 17 de octubre, ante la alta cifra de fallecidos y un país al borde de la total convulsión, Sánchez de Lozada renunció y huyó del país rumbo a Estados Unidos, junto con Sánchez Berzaín, entonces ministro de Defensa.
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Con el pasar de los años ambos mantienen residencia en el país norteamericano y se dedican a realizar otro tipo de actividades, pese a los procesos abiertos y los pedidos de extradición. Recientemente el exmandatario se pronunció sobre la reciente coyuntura política en Bolivia.
A pesar de los fallos judiciales alcanzados en cortes internacionales, los familiares de las víctimas denuncian que no existe reparación civil integral. Más aun, el exdirigente vecinal señaló que un pequeño grupo cosechó resultados favorables, mientras que la población fue abandonada por la justicia y autoridades de los tres niveles del Estado.
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Cori lamentó que hasta el momento no se logró la extradición de Sánchez de Lozada ni se realizaron trabajos para mejorar la vida en la ciudad de El Alto, pese al coste de vidas que tuvo que pagar en defensa de los recursos naturales del país.
A 22 años de los hechos, organizaciones sociales y familiares de las víctimas mantienen la memoria viva con actos conmemorativos y denuncian la impunidad que aún persiste, ratificando que sin justicia ni reparación, el país no podrá cerrar definitivamente la herida de los conflictos de 2003.