El diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, solicitó a la Cámara de Diputados rechazar el proyecto de “Ley de Libre Transitabilidad y Protección del Pueblo Boliviano”, recientemente aprobada por la Comisión de Justicia Plural y remitida al pleno camaral para su consideración.
Afirmó que las disposiciones de la iniciativa establecen responsabilidades para ministros, gobernadores, alcaldes y otras autoridades cuando no atiendan oportunamente los conflictos que se encuentran dentro de sus competencias.
A criterio de Alarcón, las medidas aprobadas por la comisión terminan trasladando parte de la responsabilidad de los bloqueos a las autoridades municipales y departamentales, en lugar de fijar sanciones más directas a quienes interrumpan la circulación en las carreteras.
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“Según esta Ley, si las autoridades no responden a las demandas, que además ellos deben prever que esas demandas pueden traer bloqueos al país y si no le dan una respuesta y hay indicios de que no han actuado oportunamente, entonces los que van al banquillo de los acusados son las autoridades como las responsables del conflicto y no los bloqueadores”, afirmó en entrevista con Cadena A.
La propuesta legislativa incorpora el delito de “obstrucción grave a las rutas públicas”, para el cual establece penas de entre tres y 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Sin embargo, el legislador considera insuficiente estas disposiciones y cuestiona que el proyecto contemple también sanciones agravadas para autoridades que no respondan ante determinados conflictos.
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Explicó que la iniciativa establece que los funcionarios que reciban una notificación sobre un problema deberán atenderlo o derivarlo a la instancia correspondiente en un plazo mínimo de 15 días hábiles.
Para Alarcón, esta disposición puede generar una situación en la que las autoridades terminen siendo responsabilizadas por los efectos de una movilización o bloqueo.
“Yo alertó a los ministros, gobernadores y alcaldes que si esta ley va adelante así como está, va a ser, mas bien, una Ley que termine incentivando los bloqueos y va a terminar debilitando la actuación de las autoridades públicas”, indicó.
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El diputado rechazó las versiones sobre una “unificación” de todos los proyectos de ley para endurecer los castigos contra el bloqueo de carreteras y, al contrario, anunció que continuará impulsando una iniciativa alternativa que fije sanciones penales específicas para quienes interrumpan la circulación vehicular, además de mecanismos para reparar los daños civiles ocasionados por estas medidas de presión.
También planteó incorporar garantías operativas para la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) cuando una situación de conflicto supere la capacidad de respuesta de los efectivos policiales.
Respecto a la propuesta aprobada por la Comisión de Justicia Plural, Alarcón adelantó que buscará que sea rechazada en el pleno de la Cámara Baja e insistirá en la aprobación de un proyecto que establezca mecanismos específicos para prevenir y sancionar los bloqueos.