En su primer informe, la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Senadores cuestionó el reporte divulgado por las autoridades de Chile sobre el supuesto cargamento de madera boliviana impregnada con sustancias controladas (cocaína) y afirmó que, durante las verificaciones realizadas, no se encontró físicamente la cantidad de droga que fue reportada inicialmente.
El presidente de la comisión, senador Nicanor Cochi, informó que el grupo parlamentario revisó el caso y sostuvo reuniones con autoridades chilenas, entre ellas el fiscal regional de Arica y Parinacota. Según dijo, las pruebas presentadas hasta ahora no serían suficientes para respaldar la versión de que grandes cantidades de cocaína fueron impregnadas en la madera.
“No existe esa cantidad de cocaína que han mencionado, que los empresarios estarían mandando y que habría un clan internacional entre estos transportadores de ilícitos. No existe en Bolivia”, afirmó.
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Cochi señaló que los análisis lanzaron resultados positivos en porcentajes mínimos y la presencia de sustancias, como ketamina y paracetamol. Pero que estos resultados no coincidirían con el reporte inicial sobre toneladas de droga.
En conferencia de prensa, desarrollada la tarde del martes, los integrantes de la comisión resaltaron que las pruebas realizadas al cargamento observado solo registraron cantidades mínimas al 0,5% de sustancias sospechosas, pero no se constató físicamente la existencia de la cantidad de cocaína o pasta base que había sido mencionada.
La denuncia se conoció en junio, cuando autoridades chilenas informaron sobre el supuesto hallazgo de sustancias controladas impregnadas en más de 1.000 toneladas de madera procedente de Bolivia. El reporte generó preocupación entre empresarios y autoridades bolivianas, debido a las dudas sobre los procedimientos utilizados para determinar la presencia de droga en cargamentos de importación.
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Asimismo, la senadora Wanda Medrano, integrante de la comisión, expresó su preocupación por el procedimiento aplicado en Chile y cuestionó que los cargamentos observados sean destruidos en plena etapa inicial de la investigación.
Según la legisladora, una prueba preliminar fue suficiente para las autoridades del país para disponer la incautación de la madera y establecer su destrucción en un plazo de 30 días, sin esperar una conclusión definitiva del proceso.
Consideró que esta situación afecta tanto a los empresarios bolivianos como al Estado y pidió que se adopten medidas para evitar que se repitan casos similares.
“Es un completo atentado, primero, a los empresarios y, segundo, al Estado boliviano. Hoy tenemos que hacer una representación para que esto no suceda más, dijo.
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Medrano también observó que los análisis podrían estar relacionados con las características naturales de determinadas especies de madera. Mencionó específicamente al tajibo y explicó que sus resinas pueden generar resultados positivos en pruebas rápidas, que posteriormente podrían ser descartados mediante análisis de laboratorio más especializados.