La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) rechazó la ampliación del Estado de Excepción, dispuesta mediante el Decreto Supremo 5707, y exigió al Gobierno dejar sin efecto la medida.
Mediante un pronunciamiento, la organización cuestionó el uso del régimen excepcional y sostuvo que, en lugar de solucionar los problemas del país, estaría restringiendo la protesta social y afectando a dirigentes del movimiento indígena originario campesino.
“Esta medida, lejos de resolver los graves problemas que atraviesa Bolivia, profundiza la criminalización de la protesta social y consolida un régimen de excepción permanente contra el pueblo”, indica.
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En ese marco, demandó la “inmediata abrogación” del Decreto Supremo 5707 y el cese de las medidas que, según su posición, restringen los derechos constitucionales de los ciudadanos.
La Csutcb también acusó al Gobierno de utilizar el Estado de excepción como “herramienta de persecución política” contra dirigentes y para contrarrestar demandas legitima de los sectores populares. “El Gobierno no necesita más días de excepción para ‘preservar el orden’, necesita abrogar sus políticas neoliberales que han sumido al pueblo a la miseria”, afirma el documento.
Asimismo, afirmó que los problemas económicos, el desabastecimiento de combustibles, el incremento de los precios de la canasta familiar y las denuncias de corrupción no pueden ser solucionados mediante decretos y advirtió que la ampliación de la medida no frenará las demandas sociales.
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Por ello, “la Csutcb se declara en estado de emergencia y movilización permanente hasta que el Gobierno atienda nuestras demandas”, indica el pronunciamiento.
En un nuevo comunicado, la organización campesina convocó a una “Gran Asamblea de Organizaciones Sociales” con el objetivo de debatir la coyuntura nacional actual, tema de crisis económica, crisis social, crisis política.
El encuentro se desarrollará este sábado 19 de septiembre en la sede de la Csutcb, ubicado en la ciudad de La Paz.
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El Estado de Excepción rige desde el 20 de junio, tras la promulgación de la Ley 1740 y la emisión del Decreto Supremo 5636, que estableció inicialmente una vigencia de 90 días. Con el Decreto 5707, el órgano Ejecutivo dispuso su ampliación por otros tres meses.
La normativa deberá ser considerada por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la autorización correspondiente. Mientras se desarrolla el trámite legislativo, se mantienen vigentes las medidas establecidas en el Decreto Supremo 5636.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la ALP dispone de 72 horas para tratar la norma. Explicó que, si el Legislativo la rechaza, se levantaría el Estado de Excepción; mientras que, si no existe tratamiento, la aplicación de la medida podría ser sometida a un análisis constitucional.

