La Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó este lunes su rechazo a una eventual norma que obligue a las empresas privadas a diferir el cobro de sus servicios y prohíba su corte por falta de pago, al considerar que la medida trasladaría al sector privado “el costo de una crisis que no provocó”.
A través de un comunicado, la institución advirtió que las empresas aún enfrentan pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares, a consecuencia de los bloqueos de más de 50 días, además continúan cumpliendo con obligaciones como el pago de salarios, impuestos, créditos y proveedores.
Añadió que imponer el financiamiento de un diferimiento de pagos pondría en riesgo la liquidez de las compañías, la continuidad de los servicios que prestan y miles de fuentes laborales.
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“Las políticas de protección social son responsabilidad del Estado y no pueden ser financiadas a costa de quienes generan empleo, inversión y crecimiento”, indica el documento.
En la misma línea, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) también manifestó su preocupación por la posibilidad de aplicar un diferimiento en el pago de servicios básicos. Mediante otro pronunciamiento, alertó que una medida de ese tipo podría afectar el flujo financiero y la capacidad operativa de las empresas.
Según la CEPB, cualquier decisión que reduzca los ingresos de las compañías podría comprometer la calidad y continuidad de los servicios que recibe la población, además de generar mayores dificultades para la economía. Por ello, la organización empresarial propuso abrir un diálogo con el Gobierno para consensuar soluciones equilibradas, sostenibles y de largo plazo.