El Ministerio de Gobierno activó una investigación para determinar responsabilidades por la “salida irregular” del país, del expresidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly.
A través de un comunicado, la cartera de Estado denunció que el exejecutivo vulneró la Ley de Arraigo de autoridades salientes, al abandonar territorio nacional antes del tiempo establecido.
“La norma establece de manera clara y obligatoria que toda autoridad que concluya funciones debe permanecer en el país por un periodo de seis meses, con la finalidad de garantizar su disponibilidad ante cualquier proceso de fiscalización”, recuerda el pronunciamiento.
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En ese marco, el ministerio instruyó a la Dirección General de Migración (Digemin) iniciar una “investigación exhaustiva” para identificar y sancionar a todos los funcionarios y servidores públicos que “hubieran facilitado, permitido u omitido controles que derivaron en la salida irregular del exejecutivo de YPFB”.
“El Gobierno Nacional será absolutamente firme en la aplicación de la ley y no tolerará ningún acto de encubrimiento, protección o utilización de influencias para evadir las responsabilidades que corresponden a exautoridades del Estado boliviano”, asevera.
Además, remarcó que ningún ejecutivo o funcionario tendrá privilegios ni tratamiento preferencial por razones públicas, políticas, partidarias o personales y enfatizó que el cumplimiento de la ley debe aplicarse “sin excepción y con el mismo rigor para todos”.
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Yussef Akly fue el primer presidente de la petrolera estatal durante el Gobierno de Rodrigo Paz. Ejerció el cargo desde noviembre de 2025 y marzo de 2026 en medio de una gestión marcada por la polémica de la calidad de la gasolina que generó fallas mecánicas en varias unidades del parque automotor nacional.
El Gobernó reconoció la distribución de combustible de baja calidad por errores en la cadena de distribución, pero deslindó responsabilidad sobre su origen. El exejecutivo enfrentó la presión del sector del transporte sindicalizado, que exigía compensaciones por los daños ocasionados y garantizar la provisión de carburante que cumpla con los estándares correspondientes.
Desde el ámbito político, Akly recibió varias acusaciones de irregularidades y actos de corrupción en la firma de contratos para la adquisición de combustibles y crudo de petróleo.