El pleno de la Cámara de Diputados rechazó habilitar el tratamiento inmediato del proyecto para abrogar la Ley 1720 de reconversión de tierra, debido a que la iniciativa de alterar el orden del día no alcanzó los dos tercios necesarios. El debate fue postergado para este viernes.
La presidenta en ejercicio de Diputados, Daniela Cabrera, explicó que la comisión legislativa correspondiente ya remitió el informe al pleno, aunque señaló que primero debía aprobarse el cambio en la agenda parlamentaria.
La norma, promulgada el 8 de abril por el presidente Rodrigo Paz, es cuestionada por distintas organizaciones campesinas e indígenas, que mantienen protestas y vigilias en La Paz. Los movilizados consideran que la ley podría favorecer la expansión de propiedades medianas y grandes, además de incentivar la concentración de tierras.
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El miércoles, el jefe de Estado y dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) firmaron un acuerdo para impulsar la anulación de la ley y trabajar en una nueva propuesta consensuada.
Según el acta difundida, el Ejecutivo se comprometió a gestionar la abrogación de la norma en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y promover un nuevo proyecto con participación de los sectores involucrados.
El grupo de campesinos de Pando y Beni que hace una semana llegó a la ciudad de La Paz rechazaron el acuerdo con la Csutcb, desconoció a sus dirigentes y advirtió que no se irá de la sede de Gobierno hasta conseguir su objetivo.
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Por su parte, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) expresó su rotundo rechazo a la abrogación de esta ley y se declaró en estado de emergencia, lanzando críticas al Gobierno de Paz.
“La intención de abrogar la Ley 1720 y promulgar el Decreto 5613 son una nueva señal de hostilidad contra el sector productivo”, dice parte de un comunicado de la entidad.
En esa línea, el senador de Libre, Branko Marinkovic, defendió la normativa y sostuvo que beneficia principalmente a pequeños productores que buscan acceder a créditos productivos. Negó que la norma afecte a las tierras comunitarias y afirmó que su aplicación es de carácter voluntario.