La Fiscalía de La Paz informó la ampliación de las investigaciones por la adquisición de bonos soberanos presuntamente con sobreprecio durante la anterior gestión del Banco Central de Bolivia (BCB) y anunció que convocará a declarar al exministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en calidad de testigo.
Según el fiscal Miguel Cardozo, se busca determinar si la exautoridad tenía conocimiento de los movimientos económicos realizados por el anterior directorio del ente emisor.
Montenegro “va a ser citado en calidad de testigo, en primera instancia, para establecer si tenía conocimiento de la compra de estos bonos soberanos”, informó a El Deber.
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Agregó que las investigaciones también alcanzan a otros exejecutivos de diferentes entidades financieras que participaron en al menos siete transacciones con los bonos soberanos observados. El Ministerio Público emitirá las citaciones para los implicados.
“Vamos a tomar declaraciones a los presidentes de las entidades bancarias y, de acuerdo con eso, vamos a determinar si citamos a otros directores o llegamos más alto”, adelantó.
Las pesquisas iniciaron a partir de una denuncia presentada por la actual administración del BCB, luego de una auditoría que identificó un daño económico de gran magnitud. Según la Fiscalía, se estima un perjuicio de 142 millones de dólares al Estado.
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De acuerdo a Cardozo, el anterior directorio del BCB, durante el Gobierno de Luis Arce, creó el Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA), presidido por el expresidente del ente emisor, Edwin Rojas, para la compra de bonos soberanos a través de transacciones con otras entidades financieras.
Sin embargo, un informe de la Unidad de Transparencia detectó que las adquisiciones se realizaron a un monto mayor al que se encontraba en el mercado. “El mercado se encontraba a un valor del 52% al 56% y el Banco Central (…) había realizado una compra al 99,9%. (Entonces hubo) un sobreprecio en la compra de estos bonos soberanos”, explicó el fiscal.
Ante ello, se dispuso la aprehensión de Rojas, quien ya había declarado previamente por este caso, y de otros cuatro exejecutivos, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía emitió la resolución de imputación formal contra los acusados, en la que solicita la detención preventiva por el lapso de seis meses, mientras avanza la investigación.
Por su parte, viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que tras la apertura del caso comenzaron a surgir nuevas denuncias y documentación que están en análisis.