El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5613, que fija lineamientos para la dotación y titulación de tierras a favor de comunidades indígenas, con prioridad en los departamentos de Pando y Beni. La norma entra en rigor mientras se desarrolla la marcha en rechazo a la Ley 1720, que permite convertir pequeñas propiedades en medianas.
La columna, integrada por campesinos e indígenas, partió desde el norte del país y llegó al municipio de Caranavi, en el departamento de La Paz. Su objetivo principal es llegar a la Sede de Gobierno para que las autoridades atiendan sus demandas.
Según los movilizados, la norma afecta tanto a territorios indígenas como a unidades productivas de menor escala. Desde el Gobierno, el presidente Rodrigo Paz Paz aseguró que la conversión es voluntaria y que busca que el pequeño propietario agrario acceda a créditos bancarios
LEE TAMBIÉN: «La violencia no es aislada, es organizada»: Viceministro Justiniano sobre asesinatos en Santa Cruz
El nuevo decreto establece que podrán entregarse tierras fiscales disponibles, además de aquellas que sean revertidas o expropiadas por el Estado tras cumplir procesos legales. La medida se aplicará en la región amazónica de ambos departamentos y está dirigida a comunidades que cuenten con solicitud formal y reconocimiento de sus organizaciones.
El proceso se realizará en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), la legislación agraria vigente y las competencias del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Además, la disposición también incluye la revisión de concesiones forestales para verificar su uso y legalidad. En caso de detectar irregularidades, estas áreas podrán revertirse y destinarse a la dotación de tierras.
LEE TAMBIÉN: Fiscalía notifica por edicto a Evo Morales en proceso por trata de personas
En ese sentido, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, consideró que la promulgación del nuevo decreto brinda una respuesta a las principales demandas de la marcha indígena –que también exige un decreto para la titulación de tierras–, por lo que la caminata hasta la ciudad de La Paz debería cesar.
La marcha indígena inició el 8 de abril, el mismo día que fue promulgada la ley 1720, y lleva avanzando 20 días hasta la Sede de Gobierno. Durante su trayecto, otras organizaciones se sumaron a la columna, como manifestantes de Beni, y recibieron el respaldo de las comunidades por las que pasaron.
Este lunes, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSMTB) anucnió su apoyó a la caravana e instruyó a sus bases sumarse a la medida de protesta antes de su llegada a La Paz.

