El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, reveló este lunes que sostuvo una reunión con la expresidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronenbold, un día antes su renuncia, en la que abordaron el posible origen de la gasolina de mala calidad o “desestabilizada” que aun genera perjuicios en el país.
Mediante una publicación en redes sociales, Alarcón relató que solicitó una audiencia con Cronenbold para presentar sus cuestionamientos sobre los contratos observados de la petrolera estatal y detallar posibles irregularidades.
“Le mostré documentos sobre el contrato de YPFB con Trafigura del mes de diciembre de 2025 para la compra de petróleo crudo –insistentemente negados por el Gobierno y YPFB–, y que, en una última adenda del 23 de marzo de este año, bajó su costo total de $us. 20,88 por barril a $us. 8,9 por barril, lo cual no tiene una explicación lógica, con mayor razón si el precio más alto se lo viene pagando desde el 31 de diciembre de 2025”, manifestó.
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Sostuvo también que “la inmensa mayoría de los bolivianos no nos tragamos el cuento de piratas de la contaminación dolosa de 500 cisternas de gasolina” y que la población sigue esperan una “versión creíble y cierta” sobre los problemas con la calidad del combustible.
En medio de la reunión, según el legislador, la extitular de YPFB mencionó que las causas del problema son múltiples, pero que la principal proviene del contrato de gasolina base a la empresa Vitol, la cual está “en el límite de los estándares técnicos”.
“Me explicó que las causas de la gasolina de mala calidad son múltiples, y que la principal es la compra a Vitol de gasolina base, que está en el límite de los estándares técnicos, no se la puede usar directamente, porque se la mezcla con etanol, y se la almacenó en tanques con residuos y sedimentos, porque en el último tiempo del Gobierno de (Luis) Arce llevaban la gasolina directamente a los surtidores para disminuir las filas en las gasolineras”, dice la población de Alarcón.
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En ese sentido, afirmó que le recomendó a Cronenbold suspender la distribución de gasolina base importada por Vitol, cuyos contratos –según su publicación– fueron firmados por YPFB, durante el anterior Gobierno y ratificados por la actual administración con la inclusión de convenios modificatorios.
Luego de admitir la distribución de gasolina de baja calidad, el entonces ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, manifestó que los estándares del producto se encontraban en el límite, debido a niveles de goma superiores a lo permitido. Esta sustancia, combinada con etanol y la antigüedad de tanques, causó problemas en decenas de motores del parque automotor nacionales.
Asimismo, Alarcón dijo que le comentó a la exejecutiva que “cualquiera sea la gestión de YPFB involucrada en la mala gestión, tenían que determinarse responsabilidades por los daños causados a la población y por los recursos erogados para cubrir las compensaciones.
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“Terminamos la reunión coincidiendo en la urgencia de una información veraz y completa a la ciudadanía en general, en medidas rápidas y efectivas de solución al problema y en apurar los tiempos para la respuesta a mi PIE (Petición de Informe Escrito)”, indicó en referencia a las solicitudes realizadas para recibir información de YPFB sobre las irregularidades citadas.
Alarcón anunció que solicitará al nuevo ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco Quintanilla, y al presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca, una respuesta a su petición de informe para conocer los pormenores de los contratos suscritos por la compañía desde el cambio de Gobierno, principalmente las que están relacionados con la empresa Vitol.
El pasado jueves, Cronenbold renunció a la presidencia interina de YPFB, alegando que la situación de la compañía estaba “significativamente más deteriorada de los previsto” y que los tiempos que requiere su restructuración son más amplios que los que la política demanda.
En su lugar, el presidente Rodrigo Paz posesionó a Daroca, hasta entonces gerente de Operaciones de la petrolera estatal, quien se comprometió a garantizar el abastecimiento y la calidad de los combustibles; además de mantener su precio, tras el ajuste de diciembre cuando se levantó el subsidio a los carburantes.