El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que una red de desvío de carburantes operaba en la frontera con Chile, donde se extraía diésel y gasolina de cisternas para luego recargarlas con agua sucia y aceite usado. Esta mezcla contaminada era descargada en las plantas de YPFB y distribuida a diferentes regiones del país, generando daños al parque automotor.
“Estas personas recurren a una acequia donde el agua no es limpia, por supuesto, y la mezclan con aceite usado para darle color. Si han sacado 1.000 litros, cargan 1.000 litros y la vuelven a introducir a la cisterna. Esto es lo que ha recibido el país y ha dañado el parque automotor de los bolivianos. Esto es en Iquique”, afirmó Oviedo.
LEE TAMBIÉN: Habilitan ventanillas en cinco departamentos para gestionar pago de daños por gasolina
La autoridad destacó que estas mafias no abren las válvulas inferiores, sino las superiores, extrayendo todo el mecanismo, sacando tornillos y manteniendo los precintos intactos. De esta manera, sacan gasolina y diésel y realizan el trasvase a camiones pequeños que son trasladados a garajes particulares donde se vende el producto de manera ilegal.
“Cuál es la cantidad que extraen normalmente. las cisternas cargan entre 33 mil y 35 mil litros. Le sacan mil y hasta siete mil. ¿qué hacen? Se extrae el diésel, se hace un trasvase. Se hace la extracción de las válvulas que van en la parte superior de la cisterna”. El producto robado era vendido de forma ilegal, generando ganancias ilícitas para la red criminal.
LEE TAMBIÉN: COB marcha en La Paz y demanda al Gobierno incremento salarial
La autoridad informó que la adulteración de combustible se localizaba en dos ciudades chilenas: Arica e Iquique. En Arica se realizaba el trasvase ilegal de combustible desde cisternas grandes a camiones particulares, mientras que en Iquique funcionaban los centros de almacenamiento clandestino y surtidores ilegales que vendían el producto robado hacia Bolivia. Según los datos preliminares, durante el periodo investigado, ingresaron aproximadamente 5.000 cisternas desde Chile, equivalentes a unos 150 millones de litros de combustible dañado que llegaron a Bolivia.
El ministro anunció que se tienen responsables y se empezarán a realizar las diligencias correspondientes, destacando la colaboración entre la Policía y la Fiscalía de ambos países. Oviedo concluyó que la red delictiva se originó en la administración anterior de YPFB y se extendió, causando un daño económico y técnico de gran magnitud. El Gobierno anunció que continuará profundizando las pesquisas y aplicará las sanciones correspondientes tanto en Bolivia como en coordinación internacional.