Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes que las autoridades egipcias han retomado una «campaña de detención arbitraria y deportación ilegal» de refugiados y solicitantes de asilo, que no pueden renovar sus permisos de residencia por los largos tiempos de espera para regularizar su situación.
La ONG dijo en un comunicado que esta práctica supone una «flagrante violación del principio de no devolución» e incluso de la ley de asilo de Egipto, que prohíbe la devolución de las personas reconocidas como refugiadas, ya que entre los arrestados y deportados hay personas registradas con la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
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Las autoridades egipcias ya han empleado estos métodos en los últimos años contra refugiados, pero la campaña se ha intensificado desde finales de diciembre de 2025 y afecta a nacionales de Siria, Sudán, Sudán del Sur y de otros países subsaharianos que son detenidos arbitrariamente en las calles o en sus lugares de trabajo.
En enero de 2026, más de un millón de refugiados y solicitantes de asilo estaban registrados en ACNUR (1.099.024, en concreto), mientras que el Gobierno egipcio asegura que en el país se encuentran alrededor de 10 millones de «invitados», tal y como denomina a los nacionales de otros países, al tiempo que denuncia la carga que representan para el erario público.
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Limbo legal y vida en las sombras
Esta situación ha hecho saltar las alarmas entre los refugiados en Egipto, que se han visto obligados a «esconderse en sus hogares» y reducir al máximo sus movimientos por temor a ser detenidos en la calle, al tiempo que viven en un limbo legal y sin acceso a trabajo ni a educación.
Aunque no hay estadísticas oficiales, AI documentó la detención arbitraria de 22 refugiados y solicitantes de asilo entre finales de diciembre y principios de febrero en cuatro provincias de Egipto: casi todos estaban registrados con ACNUR y un ciudadano sirio fue deportado.
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Según Amnistía, desde el estallido de la guerra en Sudán en abril de 2023 las autoridades egipcias han intensificado los controles de identidad de extranjeros y han detenido a quienes carecen de documentación, mientras defienden que a los cerca de 1,5 millones de sudaneses que huyeron del conflicto se les trata igual que a los egipcios.
Estos arrestos se producen incluso cuando los refugiados o solicitantes tienen citas programadas con la administración egipcia para renovar su residencia, algo que suele retrasarse durante meses o años por la gran cantidad de solicitudes y la lentitud de un proceso que pone a miles de personas en un limbo legal.
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Llamamiento a la UE
Las personas que poseen las tarjetas de refugiado de ACNUR también corren el riesgo de ser detenidas, pese a que el principio de no devolución prohíbe enviar a cualquiera a un lugar donde corra un peligro real de sufrir graves violaciones de derechos humanos.
Muchos de estos refugiados no tienen un hogar al que volver, debido a la destrucción de sus ciudades de origen, mientras que AI denuncia que esta oleada de represión en Egipto tiene «consecuencias devastadoras» para las familias, que viven con un miedo constante.
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Por esto, AI pidió a la Unión Europea (UE) -socio cercano de Egipto en materia de migración y principal donante de ACNUR- «instar al Gobierno egipcio a adoptar medidas concretas y verificables para proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes», así como permitir el acceso a la ONU a los lugares de detención.
«La UE y otros Estados también deben intensificar el reparto de responsabilidades, ampliando las oportunidades de reasentamiento y creando vías seguras y regulares para las personas que necesitan protección internacional», sentenció Amnistía Internacional.
// EFE