Estados Unidos (EEUU) impuso aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba, intensificando la presión sobre la economía de la isla. El régimen castrista respondió rechazando la medida y subrayando que la única opción es “patria o muerte”.
En un comunicado difundido el viernes, las autoridades cubanas reafirmaron su derecho a la soberanía y manifestaron disposición al diálogo solo bajo condiciones de respeto mutuo.
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La reacción oficial de La Habana fue tajante. En el comunicado, se destacó: “La decisión es una: patria o muerte”, mientras se acusaba a Washington de intentar doblegar la determinación nacional.
La nota del régimen insistió en que Washington “se confunde” si piensa que la presión económica logrará que “Cuba caiga”. Asimismo, la administración cubana manifestó estar abierta a un “diálogo serio, responsable y basado en el derecho internacional, en la igualdad soberana, en el respeto mutuo”, pero dejó claro que no aceptará injerencias ni negociaciones bajo presión.
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El gobernante Miguel Díaz-Canel reforzó esta postura al denunciar en la red social X que la acción estadounidense “evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”.
Desde Washington, la Casa Blanca defendió las nuevas sanciones como medidas de protección por motivos de “seguridad nacional”. De acuerdo con la orden ejecutiva firmada el jueves, Estados Unidos considera que la situación con respecto a Cuba “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior”.
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El documento señala la necesidad de una “respuesta inmediata para proteger a los ciudadanos e intereses americanos”.
La orden ejecutiva expone motivos como el estrecho alineamiento de La Habana con países calificados como hostiles —entre ellos Rusia, China e Irán—, la existencia de bases de inteligencia extranjeras y la acogida de grupos etiquetados por Estados Unidos como terroristas, entre los que menciona a Hezbollah y Hamas. Además, la administración estadounidense acusa a Cuba de incurrir en violaciones de derechos humanos, persecución y tortura de opositores.
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El presidente Donald Trump se mostró convencido de que el régimen cubano no podrá sostenerse ante las nuevas medidas. “Cuba no podrá sobrevivir”, afirmó el jefe de Estado durante declaraciones a la prensa tras firmar la orden ejecutiva.
Asimismo, calificó a Cuba de “una nación en decadencia” y expresó: “Hay que compadecerse de Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar”, añadió el mandatario.
La Casa Blanca vincula el deterioro económico y social de la isla al cese del envío de crudo venezolano y a la reducción de suministros desde México. Cuba necesita unos 110.000 barriles diarios de petróleo. De este total, cerca de 40.000 barriles proceden de producción nacional, mientras que el resto depende de la importación.
La situación energética se ha agravado tras el recorte en el suministro venezolano, que pasó de 100.000 a cerca de 27.000 barriles diarios en 2025, según el sistema de seguimiento de Reuters, y la reducción adicional de envíos desde México, que en el último año proporcionó entre 6.000 y 12.000 barriles diarios. Esta disminución ha causado prolongados apagones y problemas en el sistema eléctrico y sectores clave de la isla.
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El texto de la orden ejecutiva sostiene que el flujo continuo de crudo permite al régimen cubano mantenerse y financiar actividades consideradas desestabilizadoras en la región.
El mecanismo establece que el secretario de Comercio y el secretario de Estado serán los encargados de evaluar y fijar los aranceles para cada país que suministre petróleo a Cuba, según lo determine la administración Trump. Cualquier ajuste o suspensión de la medida dependerá de la Casa Blanca, que ha advertido sobre nuevas sanciones en caso de represalias comerciales o falta de cooperación.
A nivel internacional, el régimen de La Habana subraya su “independencia” y denuncia que la acusación de albergar bases de inteligencia extranjeras busca legitimar una estrategia de aislamiento económico.
// Infobae