Con la promulgación del Decreto Supremo 5517, el Gobierno declaró “Emergencia Energética y Social” en todo el territorio nacional, debido a la inflación que atraviesa el país, la escasez de dólares y de combustibles.
La norma tiene por objetivo “establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles, reactivar la producción, con la finalidad de devolver la calidad de vida a las y los bolivianos y garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana”.
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Entre sus medidas, dispone “de manera excepcional y temporal” suspender al diésel de la lista de sustancias controladas para garantizar el abastecimiento continuo y oportuno de combustibles para el transporte, la producción y los sectores estratégicos del país.
“En consideración de la extrema situación de déficit en el abastecimiento, de manera excepcional y temporal, se dispone la suspensión del diésel de la Lista de Sustancias Controladas y la exigencia del requisito de Autorización Previa (AP) ante la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC), con el fin de garantizar el abastecimiento continuo y oportuno de combustibles para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos del país”, dice parte de la resolución publicada en la Gaceta Oficial del Estado.
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El decreto también autoriza la importación, venta y comercialización de combustibles a cualquier persona natural o jurídica privada que cuente con capacidad de almacenaje, propia o alquilada.
Asimismo, suspende el anexo I del Decreto Supremo 3434, del 13 de diciembre de 2017, “la subpartida arancelaria 2710.19.21.00 Gasoils (gasóleo) (diésel) del Arancel Aduanero de Importaciones”.
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Dispone, además, que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las instituciones competentes deberán adecuar sus procedimientos en un plazo máximo de cinco días hábiles, computables desde la publicación del decreto.
El acceso libre y no discriminatorio a la infraestructura de hidrocarburos será reglamentado mediante resolución ministerial del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, en un plazo de hasta 15 días hábiles, agrega el documento.
La declaratoria de emergencia energética y social tendrá un plazo de vigencia de un año, y se espera que las medidas adoptadas coadyuven a la recuperación económica del país y den certeza a la población.