Un juez cautelar determinó detención preventiva, en diferentes cárceles de La Paz, para tres efectivos de la Policía acusados de extorsionar a dos personas relacionadas a la comercialización de oro, y transportar sustancias controladas, informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Walter Sossa.
“Informar la aprehensión de tres personas identificadas como funcionarios policiales (implicadas) en un hecho de privación de libertad, cohecho extorsión y tenencia e sustancias controladas con agravante”, declaró la autoridad policial en conferencia de prensa.
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El hecho ocurrió el 21 de noviembre cuando los uniformados interceptaron a dos varones, dedicados a la minería, que estaban en posesión de una importante suma de dinero luego de concretar la venta de oro en la Sede de Gobierno.
Posteriormente, las víctimas fueron conducidas supuestamente a dependencias de la fuerza anticrimen, sin embargo, durante el trayecto habrían sido extorsionados para recuperar su libertad.
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Los sujetos denunciaron el hecho ante la Policía y presentaron un video sobre uno de los implicados.
Luego de un trabajo de investigación e inteligencia, la fuerza del orden procedió con la aprehensión de uno de los efectivos en una unidad policial de La Paz junto con el vehículo que fue utilizado para la extorsionar a los comercializadores.
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Dentro del vehículo, las autoridades encontraron dos armas de fuego, una bolsa blanca con 79 sobres –tipo boticario– que contenían cocaína y otras cinco bolsas con marihuana. El Ministerio Público indaga que la sustancia ilegal era empleada por los acusados para “plantar pruebas” a sus víctimas.
Por este caso, la Policía aprehendió a Néstor J.C., de 42 años, quien fue sorprendido junto con el motorizado involucrado; Juan B.B., también de 42, y Freddy R.M., de 54 años. El jefe policial precisó que, en audiencia de medidas cautelares, un juez dictaminó la detención preventiva de los acusados por el lapso de cinco meses.
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El primero fue enviado a la cárcel de San Pedro y los otros dos, al recinto penitenciario de Patacamaya, mientras avanza la investigación. Se indaga la participación de un cuarto implicado, posiblemente un civil.
“Este es un mensaje claro para aquellas personas que este cometiendo ilícitos dentro y hacia fuera de la institución para poder identificar y separar a estos malos funcionarios. Es una política de Estado”, aseveró Sossa.
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Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Policial y la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi).