Luego que el Gobierno confirmó que el ministro de Justicia, Freddy Vidovic, cuenta con una sentencia ejecutoriada por un caso que data de 2015, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó un decreto supremo para sustituir a la autoridad por José García Pinto, quien será el nuevo titular de la cartera de Estado.
“Se designa al ciudadano Jorge Franz Garcia Pinto como ministro De Justicia i Transparencia Institucional, quien tomará posesión del cargo en el día, en acto oficial a celebrarse en el Palacio de Gobierno”, dice parte del Decreto Presidencial 5491, promulgada y publicada en la Gaceta Oficial la mañana de este jueves.
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García Pinto fue posesionado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, como viceministro de Régimen Interior y Policía la anterior semana. Ahora es el nuevo ministro de Justicia y Transparencia Institucional.
La noche del miércoles, el ministro Oviedo informó que Vidovic no puede ejercer cargos públicos porque cuenta con una sentencia ejecutoriada de tres años de privación de libertad en el marco de la investigación por el caso Belaúnde, referente a la huida del empresario peruano en 2015.
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Posteriormente, el ahora exministro argumentó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que no se puede impedir el ejercicio de la función pública por tener un pliego de cargo ejecutoriado o sentencia condenatoria en materia penal pendiente de cumplimiento, sin embargo, el presidente Paz decidió alejarlo del gabinete ministerial.
Vidovic, quien fue propuesto por el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, para el cargo, enfrentó presiones por sus vínculos con el caso Belaúnde, pese a que presentó un certificado sin antecedentes del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP).
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Al respecto, el ministro Oviedo indicó que un juez omitió registrar este aspecto en el sistema nacional, lo que también deberá ser investigado.
La destitución del exministro ocurre en medio de tensiones entre Paz Pereira y Lara Montaño, quien considera que el Gobierno busca “desconocerlo” con la creación del Viceministerio de Coordinación Política y Legislativa, instancia que –según dijo– le arrebata sus funciones constitucionales.