La Fiscalía General del Estado apeló la determinación del juez cautelar de aplicar medidas sustitutivas al exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, y solicitó que se disponga su detención preventiva en un penal de Cochabamba, al considerar la gravedad del caso y el riesgo procesal que implica mantenerlo en libertad.
En audiencia de medidas cautelares, un juez del distrito de Ivirgarzama, en la región del Trópico de Cochabamba, dictaminó el jueves detención domiciliaria sin pago de fianza ni custodia policial al exviceministro, quien fue aprehendido el martes, luego que efectivos antidrogas encontraron un laboratorio de clorhidrato de cocaína, en el mismo predio donde él tiene instalada una empresa de áridos.
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“El juez ha determinado arresto domiciliario con horarios específicos y la obligación de firmar cada 15 días en el Ministerio Público. No estamos de acuerdo con esta resolución. Confiamos en que la sala penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba valorará nuestros argumentos”, declaró el fiscal general Roger Mariaca, en contacto con la prensa.
Afirmó que en la audiencia se presentaron pruebas suficientes que vinculaban a Cáceres con el laboratorio de droga – que, según las autoridades, tenía una capacidad de producción de hasta 160 kilogramos de cocaína por día y estuvo operativa dos días antes del hallazgo- y que el cuaderno de investigaciones respalda la hipótesis de la Fiscalía.
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Sin embargo, la autoridad jurisdiccional habría tenido dudas sobre la titularidad del terreno donde fue descubrimiento de las instalaciones ilícitas.
En su salida de la audiencia, Cáceres dijo que la determinación de arresto domiciliario es un “acto de justicia” y manifestó que el terreno donde se encontró la fábrica de droga no le pertenece, aunque se negó a explicar cómo es que la factoria operaba sin que él o sus trabajadores lo notaran.
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Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, calificó de “nefasta” la determinación judicial y aseguró que existían los elementos necesarios para justificar la reclusión de la exautoridad por delito vinculados al narcotráfico.