El Senado de Brasil rechazó este pasado miércoles 24 el proyecto de enmienda constitucional para ampliar la inmunidad de sus legisladores, luego de que su avance en la Cámara de Diputados desencadenara grandes protestas el domingo en el país.
Conocida como «proyecto de blindaje«, la iniciativa exigía entre otras cosas que el Congreso debía dar su autorización -mediante voto secreto- para que uno de sus miembros pudiera ser acusado penalmente o arrestado.
Decenas de miles de brasileños salieron el domingo a las calles en varias ciudades, con carteles de «Congreso, vergüenza nacional«, para protestar contra lo que bautizaron como el «proyecto de los bandidos«.
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La propuesta tuvo «el destino que merece. Porque fue una vergüenza nacional«, lanzó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde Nueva York, adonde viajó para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Las manifestaciones del domingo, las mayores de la izquierda desde la victoria de Lula en 2022, también apuntaron contra un proyecto de amnistía legislativa que podría beneficiar al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por golpismo y sentenciado a 27 años de cárcel este mes.
La Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, aprobó la semana pasada la iniciativa del blindaje, incluso con apoyo de algunos aliados de Lula.
Pero este miércoles la enmienda fue «rechazada y archivada definitivamente» por el Senado, afirmó su presidente, Davi Alcolumbre, que felicitó a sus colegas por tener el «coraje (…) para enfrentar un tema que naturalmente ha movilizado a la sociedad».
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El autor de la moción para rechazar el proyecto, el senador Alessandro Vieira, advirtió que el blindaje abría «las puertas para la transformación del Poder Legislativo en abrigo seguro de criminales de todo tipo«.
Tras las protestas del domingo, el proyecto de amnistía que podría beneficiar a Bolsonaro también perdió fuerza en el parlamento.
En lugar de un perdón total, varios diputados de la cámara baja anticipan una ley de «dosimetría» para reducir las penas impuestas a los bolsonaristas condenados por la asonada de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.
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«El proyecto debe beneficiar a todos, incluido Bolsonaro«, dijo a periodistas este miércoles el diputado Paulinho da Força, relator de la iniciativa.
Sin embargo, los parlamentarios del ala bolsonarista insisten en una amnistía «amplia y general«.
Actualmente, la corte suprema de Brasil solo debe informar al Congreso si un legislador es imputado por un delito.