El Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de La Paz sentenció a ocho años de cárcel en el penal de San Pedro al exministro de Economía, José Luis Parada Rivero, por su participación en la gestión de un crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020, sin la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19).
El proceso fue impulsado por el Ministerio Público a instancias del Banco Central de Bolivia (BCB), el Viceministerio de Transparencia Institucional y la Procuraduría General del Estado (PGE).
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Al respecto, el procurador Ricardo Condori, afirmó que la contratación del préstamo se realizó de manera irregular, sin embargo, la defensa judicial de la exautoridad sostiene que la operación se ejecutó cumpliendo normativas legales, por lo que consideró que el proceso es improcedente y con notoria intromisión política.
El dictamen del tribunal también declaró rebeldes al expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte Reyes Ortiz, quien recibió una sentencia de cinco años de cárcel, y al exejecutivo, Walter Guzman Tordoya. Mientras que Carlos Schlinck Ruiz, Luis Armando Pinell Siles, Roger Alejandro Banegas Rivero, Erwin Walter Morales Carrasco y José Gabriel Espinoza Yáñez fueron absueltos de responsabilidad penal.
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De acuerdo a la acusación formal, el 10 de abril de 2020, Parada, entonces titular del Ministerio de Economía del Gobierno de Jeanine Áñez, y Aponte suscribieron la carta de intención y un memorando de entendimiento que viabilizó el Instrumento de Financiamiento Rapido (IFR), ante el FMI, equivalente a $us 324 millones.
Dicha operación fue considerada como una vulneración de la Constitución Política del Estado (CPE), ya que fue realizada a través del mecanismo de Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que implicó un costo financiero adicional estimado en $us 24,3 millones entre comisiones, intereses y variaciones cambiarias.
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En 2021, Parada fue convocado a declarar en calidad de investigado y sostuvo que actúo conforme a leyes aprobadas por el órgano Legislativo, sin embargo, la Contraloría General del Estado (CGE) identificó su responsabilidad, junto a otros 24 exfuncionarios, incluyendo exejecutivos del BCB, por su participación en el proceso que calificó como ilegal.
La corte concluyó que los acusados incurrieron en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
El procurador Condori destacó que el fallo judicial representa un “precedente inédito y favorable” en la defensa de los intereses del Estado y la utilización de recursos internacionales sin aval del Legislativo.