El expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar; el vicerrector Reinerio Vargas, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, fueron imputados por la Fiscalía por el paro de 36 días que se realizó en Santa Cruz en 2022.
El Ministerio Público presentó la resolución de ampliación de imputación formal en contra de los promotores del violento paro de 36 días, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos de “terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa, perturbaciones”, entre otros, según el documento legal.
El proceso fue activado por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta.
En este caso, también es investigado el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, quien guarda una detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I.
Entre octubre y noviembre de 2022 se cumplió un paro de 36 días en Santa Cruz, quienes exigían la realización del censo en 2023. Sin embargo, al final, los dirigentes de la protesta aceptaron la propuesta del Gobierno nacional de que un estudio técnico defina la fecha del censo, fijada para el 23 marzo de 2024.