La Paz, 30 de diciembre (Radio Splendid).- La situación jurídica del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, que es uno de los imputados por las supuestas irregularidades en el frustrado proceso de compra de 41 ambulancias, varió durante la vacación colectiva del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Ayer, actuando en suplencia legal, el juez de Instrucción Tercero en lo Penal, Raúl Raya, aceptó la solicitud de reconsideración de medidas cautelares presentada por Mamani en fecha 16 de diciembre.
La vacación judicial, iniciada el 6 de diciembre, suspende plazos procesales, pero quedan de turno vocalías y juzgados para atender casos urgentes, como aquellos en los que hay detenidos y se procura su libertad. No es el caso del proceso de las 41 ambulancias, en el que no existe ni un solo detenido, pero Raya fijó audiencia para atender el pedido del Gobernador y, curiosamente, lo hizo al cierre de la jornada del viernes 23 de diciembre, de modo que no fue posible notificar a las partes.
La audiencia, fijada para las 08:45 del martes 27 de diciembre, se suspendió para ayer, jueves, porque las partes no se presentaron.
La audiencia reprogramada se realizó ayer y el juez Raya determinó atender el pedido del Gobernador. Así lo dijo en su decreto oral, grabado por este diario: “resuelve dar lugar a la solicitud de modificación de las medidas cautelares planteada por el imputado Jhonny Óscar Mamani Gutiérrez”.
El 3 de octubre, el juez Homero Cardozo, que es el titular en este caso, fijó cinco medidas cautelares para Mamani pero ayer, en audiencia realizada en plena vacación judicial, Raya modificó dos: el arresto domiciliario con derecho al trabajo y la presentación periódica ante el Ministerio Público, para el registro biométrico.
En virtud a esta resolución judicial, ahora Mamani podrá defenderse en este proceso con libertad irrestricta, aunque, en los hechos, la modificación no es mayor ya que el gobernador estuvo realizando viajes, incluso al interior del país, por considerar que estos forman parte de su derecho al trabajo.
También se modifica el registro biométrico ante el Ministerio Público, originalmente fijado en el lunes de cada semana. Ahora solo está obligado a presentarse el primer día hábil de cada mes.
Las otras tres medidas cautelares –prohibición de comunicarse con testigos, partícipes o personas que tengan relación con el hecho; presentación de dos garantes y arraigo a nivel nacional– se mantienen invariables.
/Con información de Correo del Sur
