La Paz, 10 abr (Radio Splendid).- Una investigación que la Defensoría del Pueblo inició para conocer la situación de las adopciones nacionales e internacionales en Bolivia, identificó irregularidades en el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de La Paz, instancia que cobraría 250 y 350 bolivianos a las familias que solicitaron adopción.
«Lamentamos el actuar de gente inescrupulosa que, nos enteramos, realizó este cobro. Esta situación merma las políticas para que niñas, niños y adolescentes, quienes no gozan de una familia, puedan integrar alguna» puntualizó Nadia Cruz, Defensora del Pueblo
La Defensora presentó resultados de la investigación que lleva adelante con asistencia técnica de UNICEF para proponer acciones que contribuyan a mejorar los procesos de adopción, en los que intervienen las Defensorías de la Niñez (DNA), los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDES) o Servicios Departamentales de Política Social (SEDEPOS) y los Juzgados Públicos de Niñez y Adolescencia.
Ante en el hallazgo en el SEDEGES La Paz, Cruz presentará al Ministerio Público la documentación e investigación obtenida, para que esta instancia dé con las y los responsables de los malos accionares.
Ley de abreviación de procesos de adopción
La Defensora se refirió al proyecto de ley que está tratando la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la misma que busca reducir los tiempos para efectivizar las adopciones. «La falta de una cultura de adopción es otro problema identificado que hace que los solicitantes para adoptar no reciban una atención adecuada, empática y transparente en el servicio administrativo y sistema judicial, lo que genera que pierdan interés o abandonen el trámite», puntualizó la autoridad.
Datos
Cruz evidenció que no se cuentan con datos exactos sobre el número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en casas de acogida a nivel nacional. La diputada Sonia Brito indicó 8.000; el presidente de la cámara de diputados, Victor Borda, mencionó 18.000; por lo que, «es importante coordinar y realizar tareas en conjunto con todos los involucrados en la orfandad de nuestros niños y adolescentes en el país, para trabajar en un número oficial y delimitar las políticas, en tiempos y procesos, adecuados», finalizó.