En audiencia de medidas cautelares, el Juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz determinó detención domiciliaria sin permiso laboral para el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en el marco de la investigación por el caso denominado “gasolina basura».
La sesión judicial inició a las 10:00 horas de este viernes y concluyó pasado las 13:00 horas.
La autoridad jurisdiccional dispuso también el arraigo de la exautoridad, el pago de una fianza de Bs 100.000, la obligación de presentarse semanalmente ante el registro biométrico y la prohibición de acercarse a las instituciones involucradas en el proceso o mantener contacto con otros investigados.
La defensa legal del exministro, José Uriarte, informó que presentaron un recurso de apelación contra la restricción laboral impuesta para que el exministro pueda desempeñar actividades laborales.
“Él (Medinaceli)se encuentra muy feliz, agradecido con la gente que lo ha apoyado y, obviamente, cree en la objetividad del Ministerio Público para que se llegue a la verdad histórica de los hechos”, declaró.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la detención preventiva; sin embargo, la defensa sostuvo que logró demostrar que la exautoridad cuenta con domicilio conocido, no existe riesgo de fuga y no representa un peligro para la sociedad, argumentos que fueron valorados por la autoridad judicial.
Medinaceli fue aprehendido el miércoles por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y permaneció en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz hasta la realización de su audiencia de medidas cautelares.
De acuerdo a la investigación, el extitular del Ministerio de Hidrocarburos habría omitido adoptar medidas extraordinarias para frenar la distribución del combustible contaminado que generó fallas mecánicas en decenas de vehículos a nivel nacional.
En su defensa, Uriarte manifestó que la exautoridad autorizó el desprecintado de tanques que contenían gasolina de importación observada, en base a un informe solicitado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y la que resolución ministerial mencionada por la comisión legislativa no menciona ningún permiso para su distribución y posterior comercialización.
Solicitó que la Fiscalía lleve adelante una investigación para esclarecer los hechos. “Nos dieron 96 horas para el cumplimiento de las medidas sustitutivas, eso lo haremos des del día lunes”, dijo.
Durante la audiencia, Medinaceli se declaró inocente de los delitos atribuidos y sostuvo que las tareas de supervisión no estaban dentro de sus atribuciones, sino que correspondían a las instancias operativas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de YPFB.
Asimismo, recordó que, cuando ejercía el cargo, solicitó la suspensión de los contratos de provisión mientras se resolvía la situación y promovió el resarcimiento a las personas afectadas