En el marco de la investigación por los más de 50 días de bloqueos de caminos, la justicia dispuso la detención domiciliaria sin salida laboral para el exdiputado Freddy Mamani, además de arraigo, presentación quincenal ante el Ministerio Público y la presentación de dos garantes. Uno de ellos deberá responder con Bs 30.000 en caso de fuga.
“Hay una persecución política, yo no tengo nada que ver con las acusaciones”, dijo Mamani de forma escueta mientras era conducido a una oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) luego de su aprehensión el lunes.
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El exdiputado fue imputado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y delitos contra la salud pública.
Su abogado, Marcelo Galván, consideró que el proceso es “ilegal” y se abrió con base en una publicación en redes sociales sobre el Estado de excepción.
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Según la investigación, entre el 16 y el 29 de junio el acusado difundió declaraciones en medios de comunicación y Facebook en las que cuestionó una presunta preparación de un estado de excepción y exhortó a policías y militares a no intervenir en las movilizaciones.
La Fiscalía sostiene que esos mensajes respaldaron las medidas de presión, aunque no le atribuye haber participado físicamente en los bloqueos.