La Justicia determinó detención preventiva por dos meses en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes para una mujer acusada de agredir a un menor de edad en un centro de acogida infantil de la ciudad de La Paz.
El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Ricardo Terrazas, informó que la audiencia cautelar se desarrolló el pasado 10 de abril.
“La autoridad jurisdiccional, de acuerdo a los elementos presentados, pudo evidenciar que existen indicios de que los hechos (investigados) si se habrían dado, motivo por el cual decidio darle una medida cautelar de detención preventiva a la educadora en el centro femenino de Obrajes”, informó.
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El pasado miércoles, la Fiscalía Departamental de La Paz ejecutó un allanamiento en el centro de acogida “Niño Jesús”, ubicado en la zona Sur del municipio, después de recibir una denuncia sobre presuntos actos de maltrato a menores de edad.
Vecinos del establecimiento relataron que escuchaban gritos de infantes provinientes del lugar, motivo por el cual decidieron reportar el hecho a la Policía.
El caso obtuvo relevancia mediática tras conocerse un video, donde se observa a una de las cuidadoras del establecimiento ejerciendo violencia contra un infante de aproximadamente cinco años.
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Según la autoridad policial, las víctimas de la acusada serían tres menores de edad, sin embargo, las imágenes de las cámaras de vigilancia solo evidencian los maltratos cometidos contra un niño en dos ocasiones. “La nana habría agredido al menor y en una segunda instancia, le habría cortado el cabello”, señaló.
La mujer cumplía actividades hace varios años en el establecimiento, dependiente de la Gobernación de La Paz, por lo que no se descarta la existencia de antecedentes de violencia o de similar naturaleza.
Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, señaló que el examen médico realizado a los tres menores revela lesiones en sus cuerpos, lo que llamó aún más la atención de las autoridades.
Por este caso, tres funcionarias del centro de acogida –la administradora, una trabajadora social y una psicóloga—fueron arrestadas y trasladadas a dependencias policiales para prestar declaraciones en calidad de testigos, pero fueron liberadas posteriormente.