El decano del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció que solicitará a la Sala Plena activar mecanismos institucionales de control, fiscalización y transparencia para revisar la decisión de un juez de El Torno, Diego Campero, que ordenó prohibir la difusión de encuestas o sondeos de intención de voto rumbo a la segunda vuelta del 19 de abril en cinco departamentos del país.
A través de un pronunciamiento difundido en las cuentas oficiales de redes sociales de la institución, Baptista indicó que el objetivo es verificar si en este caso se cumplieron los procedimientos legales y administrativos, además de evaluar la actuación del juzgado dentro de sus competencias, dejando de lado el contenido de la resolución judicial.
“Asimismo, se dispondrá la intervención de la Unidad Nacional de Transparencia y de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, a efectos de realizar el seguimiento correspondiente y emitir los informes técnicos que permitan establecer, de manera objetiva, la regularidad de la actuación funcional”, indica el comunicado.
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La resolución judicial fue emitido este sábado por el juez Campero, del Juzgado Público Mixto de El Torno, en Santa Cruz, quien dio curso a una acción popular presentada por María Aramayo Quinteros contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.
La demanda estaba relacionada con la difusión de encuestas antes, durante y después del debate de candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, desarrollado la noche de este domingo. Lo llamativo de la decisión de la autoridad judicial son los tiempos del proceso, ya que el recurso fue presentado la mañana del 11 de abril y pocas horas después fue admitido para su consideración.
Como resultado, el juez ordenó la suspensión inmediata de la difusión de encuestas o estudios de intención de voto por parte de medios de comunicación, especialmente en torno al debate electoral.
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Por su parte, el titular del TSE expresó su rechazo y preocupación por la decisión judicial, y anunció que la institución asumirá la defensa de sus atribuciones legales. Confirmó también que acudirán a la audiencia convocada por el juez, previsto para el 17 de abril.
Asimismo, Ávila recordó que, durante las elecciones subnacionales, el órgano Electoral enfrentó 38 acciones constitucionales, en las que —según afirmó— lograron demostrar que sus decisiones se ajustaban a la Constitución y a la normativa vigente.