La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa expresó su rechazo a la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) de incrementar en un 20% el haber básico y el salario mínimo nacional y calificó la demanda de “inviable” en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
“El sector económico esta paralizado, no hay incremento (en la producción), la gente está desesperada buscando trabajo y encima la COB quiere pedir un incremento del 20%, es totalmente de locura. El Gobierno debe escuchar a todos los sectores” ante de tomar una decisión, declaró el presidente de la organización, Edwin Fernández.
El dirigente argumentó que la demanda salarial del ente obrero contradice la actual situación económica nacional e ignora variables globales como el riesgo país elevado, baja producción, inflación y contrabando en aumento.
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Recordó también que el Gobierno nacional ya aplicó un reciente aumento del 20% al salario mínimo a principios de este año, tras la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, y advirtió que una nueva nivelación salarial podría generar graves consecuencias, como destrucción de empleo formal, aumento de la informalidad y quiebras masivas.
Según Fernández, la mayoría de las microempresas del país no cuentan con margen para absorber costos adicionales.
“Nosotros estamos totalmente en contra de lo que plantea la COB porque va a incidir en el despido de varios trabajadores. Imagínense cuanto nos cuesta nivelar (el salario) a 3.300 bolivianos y nos pídenos aumentar un 20% más, no puede ser”, indicó en referencia al Decreto Supremo 5503, por el cual el Gobierno instruyó el incremento del 20% en el salario mínimo nacional de Bolivia, que pasó de Bs 2.750 a Bs 3.300 en esta gestión.
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En ese sentido, el dirigente aseveró que el sector no está en condiciones para cubrir una nueva nivelación salarial y anticipó que no acatarán la medida.
El pasado martes, la COB entregó su pliego petitorio al Gobierno en el que exige un incremento salarial del 20% y otorgó un plazo de 10 días para recibir una respuesta oficial. Entretanto, el Gobierno analiza el petitorio sin respuesta oficial aún, mientras el sector privado exige ser parte de las negociaciones y propone un modelo basado en productividad, no en presiones políticas.