El presidente del Estado, Rodrigo Paz, reconoció que la molestia de la población por la distribución de combustible de baja calidad es justificada, sin embargo, aseguró que se trabaja arduamente para retornar a la normalidad.
Paz volvió a responsabilizar a una “mafia” que adulteró los carburantes y señaló que el resarcimiento acordado por las fallas mecánicas generadas en decenas de vehículos del parque automotor nacional no es solo entregar recursos, aunque subrayó que el gobierno está cumpliendo con los compromisos asumidos.
“Le doy la razón a todos los bolivianos que se quejan de algo que realmente es parte de mafias y de una transformación que tenemos que hacer. La dimensión de la corrupción y el daño que se ha hecho en el tema de la gasolina, y de los hidrocarburos en general, es muy grande”, reconoció.
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El conflicto inició hace más de dos meses cuando surgieron las primeras denuncias de usuarios y transportistas. En febrero, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) admitió que se había distribuido combustible contaminado con restos de goma y manganeso, y afirmó que se inyectarían detergentes y aditivos especiales para mejorar la calidad.
Sin embargo, la dirigencia de los choferes sindicalizados de La Paz denunció que la provisión del combustible cuestionado y las fallas en motorizados persisten, lo que sugiere que el producto aún no cumple con los estándares recomendados.
“Estamos trabajando para devolver y compensar (por daños). No es tan fácil porque no es solo cuestión de recursos y empezar a entregar. Tengo entendido que ya se han devuelto más de 6 millones de bolivianos a los damnificados, y seguiremos con ese empeño porque lo que ha ocurrido en Bolivia no puede volver a suceder”, insistió.
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Paz aseguró que el Gobierno trabaja para garantizar combustible de buena calidad y evitar que este problema se repita. Además, cuestionó la gestión pasada de la petrolera estatal, al calificarla como una “empresa familiar” manejada con intereses personales y corrupción.
La anterior semana, el jefe de Estado denunció que YPFB era “un gran antro de negocio” de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, y prometió que se revelarán documentos que respaldan estas irregularidades.
En ese sentido, anunció que la aprobación de reformas a las leyes de hidrocarburos, minería, evaporíticos e inversiones pretenden dinamizar la economía y evitar situaciones similares en el futuro.
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Para enfrentar el conflicto, el Gobierno y los transportistas acordaron activar un seguro destinado a resarcir los daños en los motorizados y habilitar un registro de afectados; analizar caso por caso para determinar la gravedad del daño y el monto de compensación.
Los mayores casos se registraron en La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Beni, aunque la petrolera estatal aún no publicó una cifra oficial sobre la cantidad total de unidades dañadas.