A través de una carta manuscrita, el expresidente del Estado, Luis Arce –recluido en el penal de San Pedro de La Paz– denunció una serie de vulneraciones a sus derechos fundamentales, incluyendo “tortura psicológica”, y se declaró “preso político” del Gobierno nacional.
“Fui privado de mi libertad el 10 de diciembre de 2025 sin que existiera una orden legal de aprehensión, en un acto arbitrario que solo puede calificarse como un secuestro al margen de la Ley”, afirmó Arce, en referencia al proceso abierto en su contra por delitos relacionados al denominado caso “Fondo Indígena”.
En el documento, Arce Catacora sostiene que no recibió notificación previa de ningún proceso abierto en su contra, pese a expresar su disposición de presentarse ante la justicia tras la conclusión de su mandato.
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Agregó que, dentro del proceso iniciado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, todas las solicitudes planteadas por su defensa legal fueron rechazadas, entre ellas una petición para someterse a exámenes médicos recomendados por un cardiólogo, lo que pone en riesgo su salud.
Dos días después de su detención, un juez cautelar de La Paz dispuso detención preventiva de cinco meses para el exmandatario en la cárcel de San Pedro tras valorar los elementos presentados por el Ministerio Público respecto a supuestas irregularidades durante su gestión como ministro de Economía, durante el Gobierno de Evo Morales.
Los abogados de Arce intentan que su cliente pueda asumir defensa en libertad, argumentando motivos de salud. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional desestimó estas solicitudes.
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En el manuscrito, el exmandatario denunció que, dentro del recinto penitenciario, fue alojado sin condiciones mínimas de habitabilidad y sometido a interrupciones constantes para la toma de fotografías. “Esta práctica cesó gracias al reclamo de mi familia, de compañeros y de mis abogados”, complementó.
Sin embargo, denunció que continúan registrando imágenes y videos suyos en el patio de la cárcel.
Arce calificó estas prácticas como una forma de «tortura psicológica».
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“En un nuevo acto de vulneración de mis derechos, se procedió a allanar mi domicilio, prosiguiendo con acciones orientadas a darme muerte civil y política. Qué más se estarán inventando, qué más sembrarán en mi contra”, indicó la exautoridad en referencia a la acción judicial realizada dentro de un segundo proceso abierto en su contra por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
En el operativo, realizado recientemente, las autoridades secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y 100.000 bolivianos.
“Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano. Exijo primero el debido proceso, el respeto a las leyes, la objetividad de los jueces y fiscales sin presiones políticas ni instrucciones por parte del Gobierno en todos los procesos políticos que se han abierto a diferentes servidores público de mi Gobierno y al mío propio”, insistió en la misiva, que firma como “perseguido político”.
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Asimismo, convocó a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a las autoridades judiciales, a garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia, y la independencia judicial.
“Lo que se está haciendo no solo es venganza, sino también excusa para ocultar la incapacidad y la corrupción de un Gobierno que le miente al pueblo boliviano”, finaliza la carta fechada el 31 de marzo.