La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, presentó una demanda penal contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Freddy Zenteno, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Según Claros, estos funcionarios habrían generado perjuicios a la población debido a la calidad de la gasolina.
«Nosotros como Alianza Libre habíamos dicho claramente que le hemos dado 24 horas para que renuncie, pero como no lo ha hecho, estamos iniciando las acciones por la vía penal«, declaró Claros. La diputada aseguró que el problema del combustible no se soluciona con una simple destitución y que es necesario la intervención del Ministerio Público.
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Claros también solicitó la alerta migratoria para el señor Yussef Akly, para que no pueda huir del país y rinda cuentas en el territorio boliviano. «Creo que es importante que la justicia muestre que ahora se va a trabajar de manera imparcial y que no encubran absolutamente a nadie», agregó.
La diputada denunció que se estaría ocultando información sobre la compra y la distribución del combustible, lo que viene afectando a la población y, sobre todo, a los choferes. Además, cuestionó la falta de respuesta del gobierno. «El ministro de Hidrocarburos está totalmente impune, con el aval del presidente del Estado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué acuerdos está pagando, si la población es la que tiene que pagar los acuerdos políticos?», afirmó Claros.
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Claros finalizó cuestionando el tipo de combustible que ahora se está distribuyendo a nivel nacional y que es necesario que se investigue de dónde están saliendo los fondos que están cubriendo el resarcimiento a los vehículos afectados por la calidad de la gasolina. «La población boliviana tiene derecho a saber la verdad”.