El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, sostuvieron una reunión en la sede de la Vicepresidencia para coordinar la aplicación del Decreto 5552, que establece una restructuración administrativa en esa entidad. La norma generó un nuevo frente de tensiones entre el Gobierno y el despacho el segundo mandatario.
Lupo calificó de “muy cordial y efectiva” el encuentro, que se prolongó por cerca de una hora, y resaltó la apertura del vicepresidente para destrabar las diferencias por las disposiciones de la norma.
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“Hemos tenido una reunión muy cordial, muy efectiva y muy buena con el señor vicepresidente para poder coordinar el cumplimiento del Decreto Supremo 5552 (…) todas las actividades relacionadas con el poder Legislativo tengas todas las condiciones para poder trabajar adecuadamente”, afirmó el ministro al salir de la reunión desarrollada este miércoles.
Agregó que también se acordó establecer mecanismos de trabajar para fortalecer la eficiencia, coordinación y la “flexibilidad presupuestaria”, y reducir los aspectos burocráticos.
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“Todo lo que tiene que ver con el poder Ejecutivo, también lo hemos coordinado de una forma más pragmática, más directa y menos burocrática, para poder trabajar. Creo que ambos hemos salido muy conformes de la reunión, mirando adelante y seguir trabajando por el país”, sostuvo.
La reunión se produjo después que el vicepresidente Lara solicitara, a través de un video difundido en redes sociales, un encuentro con el ministro Lupo para definir los alcances del Decreto Supremo 5552. En la grabación, el mandatario señaló la aprobación de la norma dejó a la Vicepresidencia sin funcionarios ni presupuesto para continuar operaciones.
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“Le pedimos al ministro Lupo, por favor, que se ponga la mano en el corazón”, exclamó Lara, quien precisó que solicitud no es una señal de “sometimiento”, sino de un deber otorgado “por el pueblo boliviano”.
El decreto estipula una reestructuración administrativa del Ejecutivo y establece que varias funciones operativas que estaban bajo la Vicepresidencia pasen a depender del Ministerio de la Presidencia, lo que fue interpretado por Lara y legisladores afines como una vulneración a la Constitución Política del Estado (CPE) por la reducción de competencias.
Lara aseguró que las competencias del vicepresidente permanecen intactas tras la publicación de la norma y que la restricción del órgano Ejecutivo responde también a una política de reducción de la burocracia y gastos administrativos.

