El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, programó para este viernes 6 de marzo una sesión de interpelación contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, por la “mala calidad” del combustible distribuido recientemente en el mercado interno. Sin embargo, la medida contradice un fallo constitucional que suspende este tipo de fiscalizaciones legislativas.
“La sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para la verificación del acto de interpelación al referido ministro de Estado, ha sido prevista para el 6 de marzo del año 2026, a horas 09:00 horas, en la sala de reuniones del nuevo edificio de la Asamblea”, indica la nota que envió la autoridad al órgano Legislativo.
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El de febrero, el vicepresidente anunció que presentará un pliego interpelatorio en contra del ministro Medinaceli para que comparezca ante el pleno de la ALP por las denuncias referentes a la calidad del combustible que generó fallas y daños severos a decenas de vehículos.
El documento interpelatorio apunta a los controles de calidad aplicados a la gasolina importada, refinada y distribuida en el país. Asimismo, exige una respuesta acerca de la responsabilidad institucional frente a los daños ocasionados.
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Sin embargo, los actos de interpelación fueron suspendidos en 2023, durante el Gobierno de Luis Arce, tras la presentación de un recurso planteado por el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para dejar sin efecto el mecanismo de fiscalización, alegando una supuesta vulneración de derechos.
A la causa se adhirieron otros siete ministros de Estado, entre ellos Maria Nela Prada, extitular de la cartera de la Presidencia; Carlos Eduardo del Castillo, de Gobierno; Édgar Montaño; de Obras Públicas; e Iván Lima, de Justicia.
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En agosto del mismo año, la Sala Constitucional Primera de La Paz aprobó la aplicación de una medida cautelar que disponía la suspensión de las interpelaciones a ministros de Estado.
Posteriormente, el TCP recibió una solicitud de revisión para ratificar o rechazar el fallo del tribunal de La Paz y aún no emitió un pronunciamiento oficial. El magistrado Boris Arias reveló a Erbol que el recurso se encontraba en la Sala Cuarta, presidida por el exmagistrado autoprorrogado, René Espada, donde se encontraban alrededor de 2.000 causas pendientes.
Arias estimó que, en el plazo de tres meses, se podría designar a un magistrado relator a la petición de revisión para luego iniciar la fase de revisión y emitir un dictamen.