A través de un comunicado, el Ministerio de la Presidencia precisó la postura oficial del Gobierno tras la controversia generada por las declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sobre la propuesta del 50/50 en la distribución de recursos.
La cartera de Estado señaló que la autoridad incurrió en “un error de comunicación” que no representa la posición política ni institucional del Ejecutivo. Además, destacó que Barrientos reconoció públicamente su equivocación y reafirmó su compromiso con un modelo autonómico basado en el respeto a las regiones, el diálogo horizontal y la corresponsabilidad entre el nivel central, las entidades territoriales y la ciudadanía.
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También aclaró que el Viceministerio de Autonomías no ejerce control político sobre los departamentos o municipios, sino que cumple funciones de coordinación institucional.
“Su rol está orientado a fortalecer el marco competencial, promover coherencia normativa y facilitar el funcionamiento adecuado al régimen autonómico dentro de la Constitución y unidad para Bolivia”, dice el comunicado.
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En esa línea, el ministerio ratificó la posición del Gobierno de trabajar junto a organizaciones sociales y autoridades municipales y departamentales para consolidar el 50/50 como una política pública orientada a fortalecer a las regiones. “Creemos en una autonomía que profundice la descentralización, fortalezca las capacidades regionales y avance hacia mayores niveles de autogobierno dentro de un pacto nacional que garantice equilibrio, desarrollo y unidad”, señala el documento.
La polémica surgió luego que en la que Barrientos, al ser consultada sobre el 50/50, afirmó que este esquema no significa simplemente entregar el 50% de los recursos para que las regiones “hagan lo que quieran”, sino que debe enmarcarse en un ejercicio de corresponsabilidad.
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Sus palabras generaron críticas desde distintos sectores, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien consideró que el contenido y el tono de la declaración evocaban una visión centralista.
Un día después, la viceministra ofreció disculpas públicas y admitió que su expresión afectó el espíritu autonómico. Además, reiteró su respaldo a un 50/50 “real”, que incluya tanto la asignación de recursos como responsabilidades dentro de una eventual reforma fiscal y legal.