El Gobierno expresó su rechazo a la agresión sufrida por un periodista que realizaba cobertura de actividades vinculadas a las elecciones subnacionales en la El Alto, hecho ocurrido el 12 de febrero.
A través de un comunicado, la cartera de Estado confirmó que se activaron investigaciones y aseguraron que el caso será esclarecido.
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El Ministerio de Gobierno calificó el ataque como “una grave vulneración al trabajo” del sector periodístico y una amenaza directa a la libertad de prensa y expresión, pilares del sistema democrático.
“No permitiremos que este atroz suceso quede en la impunidad”, dice el pronunciamiento.
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La reacción gubernamental surge tras la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (APNB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), que alertaron sobre un presunto intento de asesinato contra el comunicador mientras cubría actividades relacionadas con los comicios previstos para el 22 de marzo.
De acuerdo con la ANPB, tras cubrir un acto político en la plaza de la Cruz, en la zona Villa Adela, el periodista fue interceptado por desconocidos cuando retornaba a su domicilio. Los agresores lo redujeron, lo obligaron a subir a un vehículo y lo trasladaron cerca de 15 kilómetros hasta un terreno baldío en la zona de Kiswaras. Durante el ataque, recibió amenazas explícitas dirigidas a silenciar su labor informativa.
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La organización denunció que el comunicador fue apuñalado y sufrió el corte de la lengua con un arma punzocortante. Según el reporte médico, las lesiones no corresponden a un accidente, sino que fueron provocadas intencionalmente.
Ante este hecho, la ANPB exigió garantías para el ejercicio del periodismo y demandó que las investigaciones identifiquen y sancionen a los responsables, advirtiendo que la impunidad podría fomentar nuevos actos de violencia contra trabajadores de la prensa.
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Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, expresó su solidaridad con la familia del periodista y con el gremio, y sostuvo que cualquier acción destinada a intimidar a la prensa resulta incompatible con el Estado de derecho.
Según la ANPB, el periodista fue sometido a una cirugía en el Hospital Corea, donde posteriormente recibió el alta médica. El sábado formalizó su denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y fue sometido a una evaluación en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).