Por mayoría superior a los dos tercios, la Cámara de Senado aprobó el martes una resolución camaral que solicita al Ministerio Público acelerar las investigaciones contra el exministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, y otras exautoridades implicadas en el denominado caso “26J”, relacionados a los hechos registrados en plaza Murillo de la ciudad de La Paz en 2024, durante la administración de Luis Arce
La resolución fue aprobada tras el análisis legislativo del informe presentado por la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, en relación con los hechos acontecidos el 26 de junio de dicha gestión.
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Entre sus principales disposiciones, el documento instruye al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ordena “agilizar y otorgar la celeridad” a las exautoridades involucradas en el proceso, entre ellos Del Castillo, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera; el exviceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ignacio Ríos Sanjinés; y otros exfuncionarios como Juan Carlos Limpias, director general de Régimen Penitenciario, por varios ilícitos cometidos en el ejercicio de funciones.
Entre los cargos atribuidos a los exaltos funcionarios y servidores del Gobierno de Arce está la presentación pública de ciudadanos aprehendidos sin autorización expresa ante medios nacionales e internacionales, en contravención al ordenamiento jurídico vigente.
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La resolución también pide investigar a altos mandos policiales, fiscales y oficiales militares que se habían prestado a la narrativa que intentó implementar la administración de Arce Catacora.
“Dispone también acelerar investigaciones por la elaboración y difusión del documental “Qué pasó el 26-J en Bolivia”, en cuya producción —según el documento— se habrían utilizado recursos humanos y económicos del Estado, exponiendo nuevamente fotografías y datos de ciudadanos investigados ‘sin autorización expresa’”, señala una nota de prensa del Senado.
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Además, la Cámara Alta solicitó indagar actuaciones de exservidores públicos que habrían “impedido y estorbado el ejercicio de funciones” de senadores nacionales, incluyendo la restricción de ingreso a recintos penitenciarios y la presunta obstaculización de labores de fiscalización parlamentaria.
En ese marco, la resolución advierte la comisión de delitos como resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, prevaricato, e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.
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Asimismo, la resolución dispone al Consejo de la Magistratura ejecutar auditorías jurídicas a los procedimientos abreviados concedidos en casos vinculados a los hechos investigados, “a fin de determinar posibles responsabilidades de autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público”
En el ámbito militar, instruye dar celeridad a investigaciones contra oficiales que conformaron tribunales internos por haber emitido “resoluciones contrarias a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”, que derivó en la baja definitiva de personal militar vinculado a los hechos de junio de 2024.
En enero, la Justicia dispuso que los investigados por la toma militar de plaza Murillo, enfrenten el proceso en libertad luego de más de un año en detención preventiva. La única excepción es el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, principal acusado del caso, quien continuará recluido.