Durante su 50ª Sesión Ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó la noche del miércoles la conformación de una comisión especial para investigar los escándalos de presunta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB): la venta de combustible de mala calidad y contratos de compra de crudo con posible sobreprecio. La delegación iniciará labores desde este jueves y entregará un informe en 120 días.
“Queda aprobado el proyecto de resolución camaral”, indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, luego de que se logró por más de dos tercios de votos de apoyo para la iniciativa.
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La comisión estará integrada por Catherine Pinto Veneros, Ricardo Rada Ceballos, Liliana Villena Romero, Jimena Arispe Bernabé; parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano (PDC); Kelly Velarde Arancibia, Unidad; Pablo Ávila Quaino; de la alianza Unidad; Rolando Cobayashi Rojas, Libre; Wilson Añez Yana, Libre; Marcelo Solís; de la alianza Libre; David Montaño Uriarte; de APB-Súmate; y Sindy Donaire Oropeza; de la agrupación Alianza Popular.
La resolución establece que la comisión especial de la Cámara Baja investigará las recientes denuncias de presuntos actos de corrupción en la petrolera estatal, relacionados al precio de compra de combustible, crudo de petróleo, diésel y gasolina con empresas transnacionales.
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También indagará las denuncias relativas a la comercialización de combustibles en mal estado y control de la calidad que habría dañado varios vehículos a nivel nacional.
“Todas las instituciones públicas, sin excepción, deberán entregar de manera completa veraz y oportuna la información que deberá solicitar la comisión especial de investigación, así como comparecer obligatoriamente a las convocatorias que esta realice en los plazos y condiciones que se determinen”, señala una parte de la resolución camaral.
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Los dos escándalos sacudieron al Gobierno los primeros dos meses de la presente gestión. Por un lado, la mala calidad de la gasolina destinada al mercado interno generó un nuevo conflicto con el sector transportista del país, que exige un resarcimiento por los daños, tanto a vehículos que requieren reparación como a los que ya fueron reparados.
Posteriormente, esta semana surgió la denuncia de compra con presunto sobreprecio de crudo por parte de la actual gestión de YPFB. El Gobierno intentó mitigar los daños del escándalo con la renuncia de la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala.

