La senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ana María Crispín presentó un proyecto de ley que plantea penas de 6 a 8 años de prisión para funcionarios públicos que por acción u omisión permitieron la distribución de combustible de mala calidad. La iniciativa ya fue remitida a la Comisión de Constitución para análisis.
«Hoy con este proyecto de ley modificando el Artículo 226 del Código Penal, vamos a generar responsabilidades a cada uno de ellos, y no solamente un proceso administrativo, sino un proceso que indica de 6 a 8 años de cárcel. Este proyecto está en este momento en la Comisión de Constitución para que puedan verificar que no vaya en contra de la Constitución Política del Estado y otras leyes», resalto la legisladora.
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La legisladora destacó que desde la Comisión de Economía Plural pretenden sancionar la irresponsabilidad de todos los funcionarios que no han hecho su trabajo de control de calidad, ya que hoy están generando perjuicios al sector de transporte. Ante ello, pide a este sector formalizar su denuncia para que los responsables puedan resarcir los daños
“Los funcionarios públicos deben responder porque es una tarea que han omitido. ¡Ya basta de que el Estado responda por los errores! Si el Estado va a responder, ellos felices y tranquilos se van a ir a trabajar a otra instancia. Es hora de que respondan y es por eso que estamos pidiendo una sanción de 6 a 8 años para los funcionarios públicos que no han podido responder a su trabajo”, afirmo Crispín.
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La senadora resaltó que muchos ministros son de oficinas y no generan los controles que deben realizar, a pesar de tener el conocimiento para cumplir sus funciones. Esta sanción estaria dirigido para el ministro de Hidrocarburos, YPFB y ANH.