El Gobierno afirmó que no interferirá en el denominado caso “narcomaletas”, que se encuentra bajo investigación por las instancias competentes del sistema judicial, y reafirmó el respeto a la independencia entre los órganos del Estado.
“En estricto respecto a la exigencia de la separación de poderes, el órgano Ejecutivo no dirige ni conduce investigaciones penales, no juzga ni interfiere en procesos judiciales, garantizando el debido proceso”, reseña un comunicado del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.
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No obstante, el órgano Ejecutivo señaló que realiza “seguimiento institucional a las actuaciones de la Justicia”, con la expectativa del esclarecimiento de los hechos investigados y la aplicación de sanciones “sin privilegios ni excepciones”.
El caso inició tras la alerta internacional emitida por el Gobierno de Bolivia, luego de la salida de Estados Unidos (EEUU) de un avión privado contratado por la exdiputada y candidata a concejal municipal, Laura Rojas, que viajó a Santa Cruz junto a un ciudadano extranjero, transportando 32 maletas con divisas.
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Efectivos antidrogas allanaron las instalaciones de una empresa de seguridad y encontraron un cargamento de casi 80 kilos de marihuana, documentación personal del juez Hebert Zeballos, así como facturas y otros documentos que relacionan a Rojas Ayala.
Las pruebas acumuladas establecen, en una primera etapa de investigación, que el juez y la exdiputada formarían parte de una organización delictiva que viene operando desde hace algún tiempo y que habrían utilizado instalaciones de la Aduana Nacional para su último delito.
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De acuerdo a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, Rojas arribó al aeropuerto Viru Viru en un jet privado junto a sus hijas y más de 30 maletas el 29 de noviembre de 2025. Un día después, usó su pasaporte diplomático que había caducado, para retirar esas maletas y evitar los controles aduaneros.
Actualmente el juez Zeballos cumple detención preventiva en la cárcel de Palmasola, mientras que la exdiputada fue aprehendida y permanece en dependencias policiales a la espera de su audiencia cautelar, donde el Ministerio Público solicitará su reclusión mientras se realizan las investigaciones.
Asimismo, el Gobierno descartó asumir la función de vocería sobre el caso y subrayó que las actuaciones “serán comunicadas por las autoridades judiciales y fiscales, a través de los canales institucionales correspondientes”.