El Gobierno, a través del viceministro de Transparencia, Yamil García, descartó ofrecer una recompensa económica por información que permita localizar y aprehender al expresidente del Estado, Evo Morales, y afirmó que el mandamiento de aprehensión emitido en su contra debe ejecutarse sin condicionamientos.
“Existe un mandamiento de aprehensión emitido por una autoridad competente, como es un juez. Por tanto, este mandamiento tiene que ser ejecutado sin necesidad de poner ningún tipo de precio”, declaró el viceministro en contacto con los medios de comunicación este jueves.
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Desde hace más de un año, Morales permanecía atrincherado en la región del Trópico de Cochabamba, bajo un fuerte resguardos de sus seguidores, tras la emisión de un mandamiento de aprehensión por el delito de trata agravante de personas. Sin embargo, la exautoridad no realizó apariciones públicas en los últimos días.
La actividad en redes sociales del exmandatario también fue escasa. Desde su entorno afirman que el líder de los cocaleros del trópico contrajo dengue y permanece bajo tratamiento médico, aunque Leonardo Loza, uno de sus hombres de confianza, emitió declaraciones ambiguas sobre su paradero.
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La senadora de APB-Súmate, Claudia Mallón, afirmó que Morales continúa siendo un “peligro latente” para el país y propuso al Ministerio de Gobierno ofrecer una recompensa de $us 100.000 como recompensa para la persona que coadyuve directamente con la ubicación y aprehensión del expresidente.
Indicó que existen antecedentes como el registrado en 2023, cuando el entonces ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, habilitó una recompensa para dar con el paradero del narco uruguayo, Sebastián Marset. Además, sostuvo que Morales “no tiene privilegios” y debe responder ante la justicia.
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Sin embargo, según el viceministro García, el Gobierno considera que las instituciones responsables cumplan con la ejecución no solo de esta, sino de otros mandamientos judiciales.
Asimismo, subrayó que la figura de ofrecer una recompensa no está contemplada en la normativa vigente.