El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Daniel Fernández, expresó su rechazo al Decreto Supremo 5519, que dispone el cierre de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), dependiente de la Vicepresidencia, y traslada sus funciones a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información (Agetic), y afirmó que esta medida forma parte de una serie de acciones que afectan el rol institucional del vicepresidente Edmand Lara.
“Se están vulnerando muchos derechos (de Lara). Le han quitado el Ministerio de Justicia, han puesto un viceministro interino, (Wilson) Santamaría, se están cortando sus derechos (…) le han cortado (reducido) funcionarios, no están instruyendo sus pagos. Están habiendo muchas injerencias que no lo dejan trabajar y eso es indignante”, declaró el parlamentario.
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La medida aprobada por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, establece que la ASBID deberá concluir funciones este 14 de enero de 2026 y que, a partir de este jueves 15, la Agetic –entidad dependiente del Ministerio de la Presidencia– asumirá plenamente sus competencias, mientras que el cierre definitivo de la entidad se concretará hasta el 17 de febrero.
La resolución complementa el Decreto Supremo 5515, que autoriza al presidente del Estado, Rodrigo Paz, ejercer sus funciones constitucionales desde el exterior a través de medios tecnológicos, ya que dispone crear el “Despacho Virtual del Presidente”.
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Según el diputado afín al vicepresidente Lara, existe malestar en la población por la promulgación de este tipo de normas y pidió al órgano Ejecutivo reflexionar. “No se puede hacer tanto daño; el pueblo está angustiado y decepcionado con lo que está pasando en el país”, dijo.
Recordó que tanto Paz como Lara fueron electos por voto popular y, por normativa vigente, tienen el derecho constitucional de gobernar el país. En el caso del vicepresidente, en situaciones de ausencia de la primera autoridad por motivos de viajes al exterior.
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En ese sentido, Fernández adelantó que la bancada afín a la segunda autoridad posibles acciones frente al decreto supremo. “Los diputados vamos a buscar algún mecanismo de solución ante estas situaciones”, acotó.
El Decreto 5519 establece centralizar todas las estrategias y herramientas digitales en torno a la Agetic, incluidas las atribuciones de la ADSIB, entidad que era responsable de realizar tareas para el Estado digital, entre ellas la administración del dominio “.bo”, la emisión de certificados de firma digital y la gestión del Repositorio Estatal de Software Libre.
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Además, la entidad se encargaba de desarrollar políticas y estrategias en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Si bien el Gobierno asegura que la norma busca modernizar la gobernanza tecnológica y avanzar en política de austeridad estatal, para el entorno del vicepresidente, representa un nuevo episodio de tensión entre el órgano Ejecutivo y Lara, pues –según afirman– el decreto debilita políticamente a la segunda institución más importante del país y restringe su rol institución dentro del Estado.