El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no retrocederá en el tratamiento del proyecto de ley ‘antibloqueos’, pese a las objeciones de sectores sociales, entre ellos la Central Obrera Boliviana (COB).
“Nosotros vamos a estar firmes y incólumes ante el mandato del pueblo; querían una nueva Bolivia, está es una nueva Bolivia. El derecho a la protesta esta garantizado, lo que no vamos a tolerar en el Congreso (Asamblea) es la negociación de criminales, que golpean a los hombres y mujeres que están en las calles, que saquean negocios y que paralizan la economía”, aseveró el parlamentario al ser consultado sobre la posición del ente matriz sobre la iniciativa que propone penalizar los bloqueos.
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Rojas sostuvo que el país no puede quedar sometido a presiones de grupos sindicales que –según dijo– afectan los derechos de la mayoría de los ciudadanos y atentan contra la estabilidad económica.
A criterio del parlamentario, algunos “malos dirigentes” no reconocen los recientes cambios políticos en el país y afirmó que los asambleístas se mantendrán firme con el tratamiento del proyecto de ley.
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Horas antes, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, advirtió al órgano Legislativo para que no avance en el proyecto de ley y afirmó que el bloqueo de caminos se constituye en una herramienta de reivindicación social.
“El bloqueo es la última instancia cuando los gobernantes hacen oídos sordos al pueblo. Pretenden castigar esa lucha, esas herramientas reivindicativas. No se equivoquen, porque hay un pueblo que está vigilante”, dijo.
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Rojas cuestionó la posición de la COB y descartó cualquier posibilidad de retirar la iniciativa que sanciona los bloqueos que generan perjuicios a la economía y a la población. “Esperemos que la COB recapacite y que les quede bien claro que no vamos a retroceder un solo paso con la ley antibloqueos”, acotó.
En ese marco, destacó la apertura del presidente del Estado, Rodrigo Paz, al diálogo y al consenso con los diferentes sectores en el reciente conflicto social, aunque enfatizó que dicha posición no implica ceder a presiones.
La propuesta legislativa que busca frenar hechos de violencia y perjuicios económicos fue presentada por el diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, la cual plantea tipificar los bloqueos como “delito grave”, con penas de entre 10 a 20 años de cárcel para los responsables de promover, organizar o financiar la medida.

