La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) expresó su rechazo al Decreto Supremo (DS) 5515, que habilita al presidente Rodrigo Paz de gobernar el país desde el exterior a través de medios tecnológicos, al considerar que la norma podría generar problemas colaterales y constituye una forma “dictatorial” de ejercer el poder.
“Este decreto 5515 está vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE), la democracia en la cual nosotros hemos elegido. A nuestros diputados, a nuestros senadores, los legisladores, les estamos quitando poder. No tiene que haber una dictadura decretada, tiene que haber un consenso”, declaró el presidente de la Fencomin, Josué Caricari, en conferencia de prensa realizada este lunes.
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El dirigente recordó que las cooperativas mineras ya habían observado el Decreto Supremo 5503, pero llegaron a un acuerdo con el Gobierno, pero se mostraron sorprendidos con la promulgación de una nueva resolución que no goza de consenso ni socialización previa.
Advirtió que los impactos secundarios de la normativa que avala al líder del órgano Ejecutivo gobernar de forma unilateral mediante decretos podrían ser negativos y representaría una acción de la cual los “todos los bolivianos se podrían arrepentir”.
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“Ese decreto hay que saberla conducir. Mañana pasado podría daño colateral que nos podamos arrepentir todos los bolivianos”, sostuvo Caricari, quien decretó el estado de emergencia de la federación nacional de mineros cooperativitas.
El Decreto Supremo 5515, promulgado el 29 de diciembre, autoriza al presidente a gobernar a distancia mediante el uso de medios tecnológicos cuando se encuentre fuera del país. La medida busca evitar que el vicepresidente Edmand Lara asuma el mando del país en ausencia de Paz Pereira, quien confirmó su asistencia al Foro Económico Mundial que se realizará entre el 19 y el 23 de enero en Davos, Suiza.
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El dirigente cooperativista anunció que solicitarán una acción de inconstitucionalidad de la norma antes los órganos responsables. “Vamos a presentar la inconstitucionalidad de este decreto. Los órganos (del Estado) tienen que responder, no están dando respuesta al pueblo”, dijo.
La disposición generó un fuerte debate por su constitucionalidad y el rechazo de varios sectores, entre ellos los afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) que mantienen sus movilizaciones en demanda de la abrogación del Decreto 5503.

