Luego que el Gobierno convocó a la Central Obrera Boliviana (COB) a una reunión para el 5 de enero de 2026, con el objetivo de abordar los alcances del Decreto Supremo (DS) 5503, el ente obrero ratificó las medidas de presión y anunció un ampliado de emergencia para este miércoles 31 de diciembre, en la ciudad de La Paz.
En una misiva enviada al secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, el órgano Ejecutivo planteó un encuentro en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, para “intercambiar criterios, aclarar dudas, escuchar propuestas y avanzar hacia consensos posibles que prioricen el bienestar del país”.
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El Gobierno ratifica, en el documento, su disposición a “escuchar, dialogar y explicar” los alcances de la cuestionada normativa que estipula, entre otras medidas complementarias, la eliminación de la subvención a los hidrocarburos. Sin embargo, la COB sostiene que la medida provocó el encarecimiento del diésel y la gasolina, además de otros productos y servicios a nivel nacional.
Mientras se aguarda la reunión con el órgano Ejecutivo, el ente matriz de los trabajadores emitió un nuevo instructivo en la que determinó continuar con el paro general indefinido y las movilizaciones en demanda de la abrogación de la resolución presidencial.
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De la misma forma, convocó a las centrales obreras departamentales, regionales y a otros sectores afiliados a un ampliado de emergencia que se desarrollará en la sede de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, ubicado en inmediaciones del estadio Hernando Siles.
Ambas convocatorias, del Gobierno y de la COB, surgen en el octavo día de movilizaciones en rechazo al decreto supremo, donde sectores afiliados al ente sindical protagonizó nuevos enfrentamientos con la Policía en inmediaciones de plaza Murillo. A estas protestas se sumaron piquetes de huelga de hambre instalados por esposas de mineros y maestros.
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Pese a la creciente tensión social, el Gobierno insiste en el diálogo. “La primera y más clara muestra de esa buena fe es actuar de manera pacífica, sin alterar el orden público ni afectar la vida cotidiana de los bolivianos, que hoy necesitan certidumbre, estabilidad y soluciones”, indica el pronunciamiento oficial.