El abogado Eduardo León anunció que solicitará, de manera formal, el traslado del expresidente Luis Arce, encarcelado con detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz por el caso Fondo Indígena, a los recintos penitenciarios de Cantumarca, en Potosí, o San Pedro, en Oruro, al observar que desde su encierro estaría realizando actividad política.
Según el jurista, el reciente pronunciamiento del exmandatario sobre la coyuntura nacional “obstaculiza” la investigación del millonario desfalco a la institución.
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“Arce viene realizando sus cartitas de carácter político, involucrando otras cosas y tratando de alguna forma o acudiendo a decir (argumentar) ´mi libertad de expresión está amparado en la Constitución´. Estos actos obstaculizan el proceso”, manifestó Leon a radio Fides.
Aclaró que, si bien la libertad de expresión está amparada en la Constitución Política del Estado (CPE), Arce estaría utilizando este argumento para presuntamente vulnerar las restricciones impuestas por la justicia en su calidad de detenido preventivo.
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Con base en estos elementos, León presentará una solicitud formal de cambio de recinto penitenciario para que el exjefe de Estado sea trasladado a Potosí u Oruro.
Arce Catacora, quien cumple detención preventiva desde el 12 de diciembre acusado por hechos irregulares en el manejo de los recursos del Fondo de Desarrollo Indígena –antes Fondioc, ahora FDI–, durante su gestión como ministro de Economía del Gobierno de Evo Morales, criticó recientemente las reformas económicas impulsadas por la administración de Rodrigo Paz a través del Decreto Supremo 5503.
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El pronunciamiento del exmandatario se dio a conocer mediante una extensa carta pública, donde criticó al actual jefe de Estado y afirmó que la eliminación de la subvención a los hidrocarburos “es un crimen contra el pueblo trabajador” por el efecto en cadena que implica una aumento en los costos del diésel y la gasolina.
Asimismo, el jurista informó que la Sala Penal Cuarta de La Paz ratificó la detención preventiva por cinco meses contra Arce, ya que la defensa no logró desvirtuar los riesgos procesales, entre ellos peligro de fuga y obstaculizaron de las investigaciones.
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León dijo que dicho fallo se evaluaron dos elementos presentados ante el juez, entre ellos la supuesta carencia de argumentos de la defensa legal del expresidente y la existencia del grave daño económico.
“Se ha ratificado el grave daño económico. Incluso, hemos demostrado que existen más de 874 millones de bolivianos que han sido depositados en más de 740 cuentas” bancarias, manifestó.