El ahora exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, se presentó a declarar “de manera espontánea” ante el Ministerio Público por la denuncia abierta en su contra por falsedad ideológica y acoso político contra mujeres, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Hurtados y otros cuatro exmagistrados: Yván Espada Navia, Karem Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, fueron denunciados el 12 de noviembre por sus colegas electas en 2024, Paola Prudencio Candía y Amalia Laura Villca.
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Ambas alegan que las exautoridades emitieron autos constitucionales sin conocimiento ni firma de los magistrados electos, vulnerando los procedimientos legales.
“Él (Hurtado) prestó su declaración, pero faltan los otros. Se están continuando con el procedimiento”, declaró el fiscal general.
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El miércoles, personal del Ministerio Público realizó el registro del hecho y recolectaron documentación relacionada a las denuncias que derivaron en la cesación de funciones de los exmagistrados hace dos días. Mariaca indicó que ya se emitieron citaciones para testigos y que se prevé que los otro cuatro denunciados sean convocados a declarar.
Explicó que una vez notificados, los investigados tienes 24 horas para acudir a instalaciones de la Fiscalía. “Somos respetuosos de las leyes. Se ha hecho entender de unas órdenes de aprehensión que no fueron libradas por el Ministerio Público, esas órdenes de aprehensión las libró una autoridad jurisdiccional”, aclaró.
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Precisamente, la defensa de los exmagistrados interpuso una acción de libertad en un tribunal de Beni contra el juez del municipio de La Guardia, en Santa Cruz, que emitió los mandamientos de aprehensión para que las exautoridades del órgano Judicial comparezcan a declarar.
Este jueves la autoridad jurisdiccional beniana se excusó de conocer la causa, lo que obliga a que el expediente sea derivado a otro tribunal de la región.
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Asimismo, Mariaca confirmó que las alertas migratorias contra los cinco exmagistrados continúan vigentes. Explicó que la medida busca evitar que abandonen el país mientras avanza la indagación.